Las sanciones a los altos mandos de la Armada se conocen tras una investigación de cuatro meses sobre la responsabilidad de ocho altos oficiales en el hundimiento del submarino.
El Consejo General de Guerra que investigó durante cuatro meses la responsabilidad de ocho altos oficiales de la Armada en el hundimiento del submarino ARA San Juan destituyó este lunes al capitán de navío Claudio Villamide y dispuso el “arresto riguroso” por 45 días del exjefe de la Armada, Marcelo Srur, informó el Ministerio de Defensa.
Villamide, exjefe del Comando de la Fuerza de Submarinos, fue sancionado por “negligencia”, por entender que dejó en evidencia “falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo”.
Srur, en tanto, recibió la pena de “arresto riguroso” por haber informado de manera “incompleta” al Ministerio de Defensa los sucesos acontecidos con el submarino, “impidiendo de esta forma también proporcionar información a los familiares de los tripulantes, con el agravante de no comparecer ante la opinión pública”.
Las demás sanciones
El contraalmirante (R.E.) Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, recibió la sanción de 15 días de arresto riguroso, por encontrarse con procesamiento confirmado en la causa penal que tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia, Santa Cruz, a cargo de la jueza Marta Yáñez.
A su vez, en un informe difundo por el Ministerio de Defensa sobre las decisiones del Consejo de Guerra, se indicó que el contraalmirante retirado Eduardo Malchioldi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales, fue absuelto por falta de mérito decretado en la causa penal que tramita en Caleta Olivia.
El capitán de navío retirado Carlos Ferraro también fue absuelto, tras considerarse extinguida la acción disciplinaria por una falta grave que se le imputaba.
En cambio, al capitán de navío Héctor Alonso se le aplicó una sanción de 30 días de arresto riguroso por “no haberse constituido en la sede del Comando de la Fuerza de Submarinos ni haber convocado de inmediato a los integrantes del Estado Mayor, a los fines de analizar la situación y prestar asesoramiento al Comandante”.
En este caso, se dispuso la sanción de arresto -en lugar de destitución- ya que el oficial se encuentra con procesamiento confirmado en la causa penal de Caleta Olivia, por lo cual concurren circunstancias extraordinarias de atenuación previstas en la ley 26.394, que fija el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.
El capitán de fragata Hugo Miguel Correa también fue sancionado con 30 días de arresto riguroso y, al igual que a Alonso, se le aplicó por los mismos motivos esa sanción sin destitución.
Por último, el capitán de corbeta Jorge Sulia fue absuelto debido a la falta de mérito que se le decretó en la causa penal que se instruye en Caleta Olivia.
Los fundamentos del juzgamiento militar se conocerán esta semana, probablemente el viernes, informaron a Télam fuentes de la cartera de Defensa.
La investigación
La investigación disciplinaria había comenzado en noviembre de 2017 en el ámbito de la Armada y ante la excusación de los entonces jefe y subjefe de esa fuerza, almirante Luis Villán, y vicealmirante Francisco Medrano, el ministro de Defensa dispuso en septiembre de 2018 la conformación del consejo General de Guerra, que actuó en el marco de la ley 26.394, se indica en el informe.
El Consejo, que se reunió a partir de noviembre pasado tras finalizar la etapa de instrucción, evaluó responsabilidades disciplinarias y no penales, ya que al entrar en vigencia en febrero de 2009 la ley 26.394, los delitos esencialmente militares pasaron a ser tratados en la órbita de la justicia contencioso administrativa federal, indicaron las fuentes.
Precisamente, en el informe se señala que la vigencia de la nueva normativa “introdujo un cambio sustancial, ya que dejó de existir la jurisdicción militar en tiempos de paz”, y pasó a tomar intervención la justicia federal respecto del personal militar, además de ser incorporados los delitos militares al Código Penal.
“El sistema disciplinario se rediseñó, adecuando las conductas sancionadas y los procedimientos a las necesidades de eficiencia del servicio y a los derechos que la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos consagran”, explicó el informe.
El Consejo de Guerra estuvo conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército) y el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea), ambos en condición de vocales, mientras que lo presidió un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi por delegación expresa del ministro Agustín Rossi.
El Centro Naval planteó su diferencia con los argumentos de la acusación y señaló en un comunicado que “el único responsable de la navegación segura, del rendimiento de ingeniería, de los disparos precisos (en el caso de guerra) y de la moral de la nave es el comandante”.
A su vez, Valeria Carreras, abogada que representa a familiares de los marinos fallecidos en el hundimiento, había advertido que los militares juzgados “desplegaron una serie de acciones de presión contra los miembros del jurado con el fin de no ser sancionados y así no perder su retiro (jubilación)”.
