Se la solicitó a la SIGEN y a la Oficina Anticorrupción. En la solicitud apuntó que el acuerdo marco con el FMI no permite financiar la salida de capitales con dinero prestado.
El Banco Central pidió este lunes una auditoría para determinar si hubo perjuicio patrimonial contra el Estado por el endeudamiento con el FMI. Pocas horas después de que Alberto Fernández anunciara la denuncia penal contra Macri, Miguel Pesce elevó el pedido a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General (SIGEN) para que investiguen el procedimiento por el cual el país se endeudó en 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario.
El pedido fue acompañado por toda la documentación en manos del Banco Central respecto del endeudamiento de 2018 bajo la presunción de que no se cumplieron con los procedimientos legales para tomar la deuda ni con la normativa macro de las obligaciones asumidas por ley en 1991 con el Fondo Monetario. En especial, por haber financiado la fuga de 45.100 millones de dólares.
Según comunicó la autoridad monetaria, de los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos “resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI”.
Para el Banco Central, en el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la “ausencia de dictamen jurídico previo” a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico que luego se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si Nicolás Dujovne se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo. Pero, no se pronuncia sobre las cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de la Carta de Intención con el FMI: si el Poder Ejecutivo y en especial el Ex Ministerio de Hacienda, era competente para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características.
“Según la legislación vigente (como las leyes 11.672 permanente de Presupuesto, 19.549 de Procedimiento Administrativo y 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional) el PEN no tendría facultades para la firma del acuerdo”, remarcó el comunicado oficial.
El pedido de investigación recordó que cuando se firmó el segundo acuerdo con el FMI, que amplió el endeudamiento hasta los 55.000 millones de dólares, se hizo el dictamen jurídico previo, aunque “sin entrar a considerar si, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, los órganos que decidieron su ampliación y tales modificaciones, estaban facultados para tomar dicha decisión”.
Desde mayo de 2018 y hasta el cepo de octubre de 2019, el Banco Central contabilizó la formación externa de capitales (o “fuga de divisas”) por 45.100 millones de dólares, algo que podría encuadrarse como “una salida cuantitativamente muy importante” de dólares.
Esto está expresamente prohibido en el artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648, que dice textualmente que: “Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo”.
Una vez concluida, esta auditoría podrá formar parte de la prueba contra Macri en la denuncia penal contra Macri por el endeudamiento.
Asimismo tiene otras implicancias, porque pondría en evidencia si el Fondo pidió los controles de capital y Luis Caputo primero y Guido Sandleris después se rehusaron a cumplir o si el FMI omitió este punto de sus revisiones por una agenda política detrás, como sugirió nada menos que Claver-Carone.
“Ahora sabemos también, por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que en sus días de director del Fondo Monetario Internacional en representación de la administración Trump, impulsó el otorgamiento de semejante préstamo para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección”, había apuntado horas antes Alberto Fernández. (LPO)
