Un tribunal ad-hoc rechazó las inhibiciones de los jueces Pablo Barbirotto y Carlos Ríos, en el marco de una causa que tiene como imputado al ex gobernador Sergio Urribarri. Ahora se deberá resolver la recusación planteada por el empresario Germán Buffa contra dos de los magistrados que habían sido designados para llevar adelante el juicio. El debate parece lejos en el tiempo.
Un tribunal ad-hoc rechazó las inhibiciones de los jueces Pablo Barbirotto y Carlos Ríos para resolver incidentes que han determinado la postergación del juicio contra el ex gobernador Sergio Urribarri por delitos de corrupción.
El intríngulis resulta complejo: el tribunal integrado Carolina Castagno, José María Chémez y Elvio Garzón había resuelto la acumulación de tres causas que involucran al ex mandatario provincial en un solo juicio.
Pero el empresario pizzero Germán Buffa, imputado en una causa por el manejo irregular de publicidad en la que también está implicado el ex gobernador, recusó a Castagno y Chémez. Esa circunstancia obligó a conformar un nuevo tribunal para resolver esas recusaciones que estaría integrado por Garzón, Barbirotto y Ríos. Pero estos últimos se inhibieron –Barbirotto dijo que mantuvo una relación con la actual pareja de Buffa y, además, ser amigo de Mauro Urribarri; mientras que Ríos alegó que conocía a otro de los imputados porque habían compartido algún partido de fútbol– y entonces hubo que conformar otro tribunal para resolver esa cuestión, esta vez integrado por Garzón, Rubén Chaia y Mariano Martínez, que ahora rechazó las inhibiciones.
En conclusión, Garzón, Barbirotto y Ríos deberán resolver ahora las recusaciones de Castagno y Chémez y determinar si pueden o no participar del juicio.
En la resolución, el tribunal no ahorró ironía al señalar que cuando un magistrado plantea que debe ser apartado de una causa judicial se exige “seriedad en la argumentación y en las pruebas que se ofrecen para acreditar los extremos que se invocan” e incluso señalaron que en el caso de Ríos se advierte que los motivos esgrimidos “descansan sólo en su voluntad de apartarse de resolver la cuestión sometida a su jurisdicción más que en un presupuesto legal y las pruebas objetivas, que no aporta”.
El ex gobernador y actual embajador Urribarri está acusado en tres causas judiciales por delitos de corrupción, una por el desvío de fondos públicos para financiar su fallida campaña presidencial, otra por irregularidades en el manejo de publicidad oficial y una última por el direccionamiento de campañas de publicidad en la vía pública a favor de empresas que se le atribuyen a su cuñado, Juan Pablo Aguilera. En los distintos legajos también están implicados los ex ministros Pedro Báez y Hugo Marsó; otros ex funcionarios públicos, empresarios y profesionales. (paginajudicial)
