“Muchas chicas de clase media y alta se volcaron a la prostitución”, sostuvo la líder del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (AMMAR). Orellano confió en que el gobierno de Alberto Fernández reconozca ese rubro.
A 65 años del decreto de Juan Domingo Perón que, en medio de la pelea con la Iglesia, facultó a provincias e intendencias a autorizar la instalación de lugares para ejercer la prostitución, la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), Georgina Orellano, reclama que se avance en una ley que legalice el rubro, ya que remarcó que se formalizarían unos 60 mil puestos de trabajo que actualmente están al margen de toda norma.
El 30 de diciembre de 1954, el entonces mandatario firmó el decreto 22.532 que avanzaba en la creación de las comúnmente denominadas “zonas rojas” para profundizar el distanciamiento con el clero que ya había comenzado unos meses atrás.
Trece lustros después de aquella medida, las trabajadoras sexuales reclaman una Ley de Trabajo Sexual Autónomo con el fin de ejercer su actividad con un amparo legal y con derechos laborales.
La iniciativa, que llegó al Congreso en 2013 y rápidamente perdió estado parlamentario, proponía crear un registro dependiente del Ministerio de Trabajo en el que se inscriban las mujeres que se dediquen voluntariamente al trabajo sexual.
Además, contemplaba la habilitación de cooperativas de trabajadoras sexuales autónomas, el otorgamiento de becas y la creación de la categoría “Trabajo Sexual” en el Monotributo para habilitar el acceso a obra social, aportes jubilatorios, créditos, vivienda, entre otros derechos.
“AMMAR hizo un gran trabajo de sensibilización dentro del feminismo, el sindicalismo y otros espacios. Hay una apertura a escuchar, pero siempre se cruza la moralidad cuando hablamos de trabajo sexual. Hay que derribar algunos prejuicios antes de plantear que queremos obra social, jubilación y demás derechos laborales”, lamentó Orellano en diálogo con NA, al tiempo que indicó que las pocas que se encuentran formalizadas lo hacen con monotributos inscriptas como peluqueras o masajistas.
La pilarense, que comenzó a ejercer la prostitución a los 19 años, advirtió que “se ha creado un estereotipo que muestra a las trabajadoras sexuales como marginales, pobres, que no pudieron hacer otra cosa” y señaló que en los últimos años se volcaron por el oficio una gran cantidad de “chicas de clase media, alta”.
De acuerdo a un censo realizado por AMMAR junto al Ministerio de Salud y a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2009 había un total de 80 mil trabajadoras sexuales: 60 mil ejercían el oficio en lugares privados y las 20 mil restantes lo hacían en la vía pública.
Respecto a la situación de las prostitutas en los distintos puntos del país, Orellano explicó que varía de acuerdo a la jurisdicción en la que trabajen: “Hoy en día el ejercicio del trabajo sexual no está prohibido, pero están criminalizados todos los espacios de trabajo”.
“En la Ciudad de Buenos Aires trabajar en la calle es una contravención y te dan 200 horas de trabajo comunitario. Lo que agarran como argumento es la portación de rostro, género, y que estén paradas en el mismo lugar. En el resto del país es peor, porque las compañeras directamente van presas. O tienen que convivir con el negociado con la Policía para poder trabajar”, denunció.
Consultada respecto a la posibilidad de que el escenario varíe en el corto plazo, la líder de AMMAR subrayó: “Tenemos la esperanza de que durante el Gobierno de Alberto Fernández se pueda reconocer al trabajo sexual”.
Finalmente, recordó que AMMAR nació en 1995 “ante la necesidad de frenar la violencia policial” contra las prostitutas y cuestionó que “durante el macrismo se recrudeció” ese flagelo para las trabajadoras sexuales.
“Renació una violencia que habíamos podido controlar”, concluyó Orellano. (elonce.com)
