En sesión extraordinaria juraron 23 nuevos diputados que asumieron en reemplazo de quienes ocupan cargos en el Ejecutivo, entre ellos la entrerriana Ana Carolina Gaillard (FpV)
El Frente de Todos logró quórum para iniciar la sesión especial gracias al apoyo de los legisladores que responden a Schiaretti y Lavagna. En la previa, el oficialismo acordó hacer modificaciones al proyecto.
Cuando el reloj marcaba las 14.25, el oficialismo logró quórum en la Cámara alta para la jura de los 23 nuevos diputados, logrando el primero de sus objetivos del día. Tras el fin de esa ceremonia, los legisladores de Juntos por el Cambio dejaron la Cámara baja luego de que facilitaran el quórum para que se produjera la jura de los nuevos diputados. De esta forma, cerca de las 15, el Frente de Todos logró que 131 legisladores se sentaran en sus bancas y comenzó el debate de la ley de Emergencia Económica.
Además de los oficialistas, colaboraron con el quórum legisladores del Interbloque Federal que responde a Graciela Camaño y Eduardo “Bali” Bucca, y de los diputados que conforman el bloque Unión para el Desarrollo Federal, liderado por el mendocino José Ramón. Luego de que el oficialismo consiguiera quórum, buena parte de los legisladores de Juntos por el Cambio regresaron al recinto para la discusión del proyecto.
En el comienzo de la sesión, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, hizo un homenaje al histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Leandro Despouy, que falleció ayer.
Tras el homenaje, el primero en tomar la palabra fue el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, quien defendió el proyecto y destacó que “uno de los primeros objetivos que tenemos por delante es desterrar el hambre, reducir la desigualdad y volver a crecer” y admitió que la propuesta “suena dramática, pero la realidad es dramática. No es una descripción exagerada”.
En la misma línea, el flamante presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Darío Martínez, consideró que “la emergencia no está plasmada en una hoja o en un proyecto, sino en la mesa de cada argentino, y esta es la deuda interna que ha dejado el estado con sus habitantes”.
Por su parte, quien fuera predecesor de Martínez en Presupuesto y Hacienda, el macrista Luciano Laspina, criticó el proyecto y aseguró que si se aprueba surgirán “jubilados de primera y de segunda”. “¿Alguien cree que se necesita una ley para subir las jubilaciones mínimas? Lo que quieren es congelar las jubilaciones superiores a la mínima: los veteranos de Malvinas, los adultos mayores, las pensiones no contributivas, de eso estamos hablando”, agregó el legislador.
En tanto, el titular del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se sumó al rechazo de Laspina y destacó que “no vamos a permitir que se instale desde el punto de vista semiótico que esto es una ley de solidaridad para sacar a la Argentina adelante. Llamemos a las cosas por su nombre: esto es una clara ley de plenos poderes para que el Ejecutivo haga lo que quiera”.
“No vamos a avalar ningún tipo de quita al nivel adquisitivo de nuestros jubilados. No vamos, de ninguna manera, a meterles la mano en el bolsillo otra vez a los pequeños y medianos productores que todos los días trabajan en nuestra Argentina”, agregó Ferraro.
Este debate finalmente se dio luego de que ayer, un minuto después de que el Frente de Todos confirmara ante el plenario de comisiones que el Gobierno había decidido eliminar el polémico artículo 85, que facultaba a Alberto Fernández a reformar el Estado, el gobernador Gerardo Morales utilizó las redes sociales para mostrar su desagrado por la resolución de de Juntos por el Cambio de no habilitar el quórum en la sesión prevista para hoy.
Es que el envío del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el título elegante con el que el Gobierno impulsó en forma exprés las emergencias económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, provocó fisuras internas en Cambiemos y cortocircuitos con el Frente de Todos en la negociación por el debate de este jueves, que se prevé extenso -más de 12 horas, con final de madrugada- y, en especial, áspero.
A última hora de ayer, después de 24 horas de negociaciones y versiones cruzadas en el Congreso, Sergio Massa, el presidente de la Cámara baja, había consensuado con las principales espadas de Cambiemos la habilitación de una sesión especial para la jura de los nuevos diputados antes de la discusión principal en torno a la emergencia económica.
En la noche del martes, y tras una álgida discusión interna, Juntos por el Cambio había anunciado no solo que no acompañaría el proyecto de ley, si no que no daría quórum, una resolución parlamentaria que complicó los cálculos del oficialismo: con la mudanza de una quincena de legisladores al gabinete nacional, el bloque del Frente de Todos quedó a tiro de no alcanzar el número necesario para habilitar la sesión. Ni siquiera con la alianza de los bloques conducidos por Eduardo “Bali” Bucca y Graciela Camaño, y por el mendocino José Luis Ramón.
Desde la tarde de ayer hubo largos intercambios entre el Frente de todos y el bloque del PJ Federal que seguían este mediodía. Según supo este medio, se introducirían cambios en retenciones al agro en la discusión en particular. Había dudas en el tema jubilaciones, uno de los puntos más complejo y medular de la iniciativa.
Según fuentes parlamentarias, podrían introducirse cambios en el esquema de retenciones vinculados a eventuales reembolsos a productores.
Vilma Ibarra se pasó toda la tarde de ayer en el despacho de Massa. El jefe del bloque K fue y vino entre el Congreso y la Casa Rosada. Este mediodía, en la reunión de labor parlamentaria, se resolvió que habrá 130 oradores: unas 14 horas de sesión.
Existieron, además, diálogos entre los equipos de Axel Kicillof y de Horacio Rodríguez Larreta en torno a los artículos vinculados al control de Edenor y de Edesur y la vuelta del ente regulador de energía. Por esas conversaciones se modificaron algunos artículos en el dictamen de mayoría. Algunos de los bloques aliados que apoyan la media sanción en general tambíen tenían dudas en ese punto.
Al mediodía de ayer, mientras el ministro Claudio Moroni exponía ante el plenario de comisiones, Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro almorzaban en el despacho del jefe del interbloque con un grupo reducido de diputados para terminar de delinear la estrategia parlamentaria que, en las últimas 36 horas, sacudió los cimientos de la oposición.
“Es fino el camino en el que estamos”, explicaba ayer por la tarde un diputado del PRO. Mezcla de dialoguistas y duros. Exaltados y componedores. ”Quieren desguazar el Congreso“, había tirado Negri.
Un rato antes del almuerzo, Ritondo visitó a Massa en su oficina. Se reunieron a solas durante algunos minutos. El ex intendente de Tigre le pidió el envío de una nota formal. Por escrito. Al final, no sucedió.
Más temprano, Cambiemos había pedido, en conversaciones de pasillo, la posibilidad de abrir la discusión antes de ir al recinto en torno al mega proyecto de 82 artículos -así quedó el texto, según el dictamen de mayoría firmado por 44 diputados- enviado por el Gobierno, que delega facultades al Presidente para, entre otras cuestiones, fijar jubilaciones, pensiones y tarifas, aumentar retenciones y aplicar impuestos a la compra de divisas.
“Necesitamos ir al bloque con argumentos para bajar las tensiones”, decía por la mañana uno de los principales legisladores del PRO, a cargo de buena parte de las negociaciones con el Frente de Todos.
En la noche del martes, Máximo Kirchner conversó con Alberto Fernández. En línea con Massa, barajaron la posibilidad de eliminar el artículo 85, que había recibido duras críticas opositoras. Lo anunciaron en el inicio del plenario, en la mañana de ayer.
Colaboradores del jefe del bloque K dejaron trascender que la eliminación se había decidido como respuesta a un pedido de los diputados Camaño y Bucca, que oficializaron su postura: acompañamiento en general y algunos disensos en particular. Como el resto de los bloques eventualmente aliados. “Fue consenso con ellos. No con el PRO”, aseguraron asesores de Kirchner.
El día anterior, el Presidente había firmado en Casa Rosada la suspensión del pacto fiscal del 2017 con todos los gobernadores. Un plus a las finanzas de los gobiernos provinciales que obligaron a Morales, a Rodolfo Suárez, y a Gustavo Valdés, los tres mandatarios de la UCR, a publicitar en sus redes la disconformidad por la decisión de la oposición de no dar quórum. Alberto Fernández replicó el mensaje.
La presión de los gobernadores radicales tuvo en el Senado el efecto que no tuvo en Diputados: la UCR no presentó demasiadas objeciones a la sesión convocada para este viernes a las 2 de la tarde, en la que el Gobierno buscará tener, sobre tablas -necesita los dos tercios de los presentes- sanción definitiva del proyecto con el que Fernández pretende iniciar su gestión. A contrarreloj.