Con esas palabras, una nena de 11 años en Tucumán imploró que le practiquen una interrupción legal de embarazo. Se lo dijo a una psicóloga del hospital, donde está internada, y consta en la historia clínica, según revelaron fuentes judiciales. La niña, la menor de tres hermanas, nunca buscó esa gestación: la embarazó la pareja de su abuela, que tenía su guarda porque a la mamá se la habían quitado cuando un novio suyo llegó a abusar de sus dos hijas mayores. De la boca de un lobo pasó a la de otro.
Pero a pesar de que dijo con claridad, a su modo, que quería abortar, el sistema de salud provincial, con el secretario de Salud Gustavo Vigliocco a la cabeza, puso en marcha un operativo antiderechos –en connivencia con una fiscal que intervino arbitrariamente– para burlarse de su voluntad y dejar que siga adelante la gestación. La estrategia, ya la conocemos, es argumentar luego que está muy avanzado el embarazo, obligarla a parir y vulnerar así, una vez más, sus derechos. Lo mismo que sucedió en Jujuy hace pocas semanas con otra niña forzada a ser madre. Los cuerpos infantiles se han convertido en territorio de guerra para quienes dicen defender “las dos vidas”, sin medir los costos de su cruzada.
A la niña le detectaron el embarazo el 23 de enero en un Centro de Atención Primaria de la Salud, de la localidad de Siete de Abril, departamento de Burruyacú, en el extremo noreste del territorio provincial, a un kilómetro y medio de la frontera con Santiago del Estero. El 31 de enero la derivaron al Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de San Miguel de Tucumán. Ingresó por “autolesiones”: la niña tuvo intentos de suicidio, como consecuencia de las vivencias que está atravesando, según confiaron fuentes judiciales. ¿Quién piensa en ella, en sus deseos, en su voluntad de abortar? Está muy angustiada. Llora. Pide que su mamá, que la está acompañando la abrace. Llora, contaron a este diario fuentes que la vieron llorar.
En la causa judicial, que investiga el abuso sexual que sufrió la niña, se adjuntó un informe de una médica que trabaja en Tribunales en el cuerpo forense que dice que hay “alto riesgo obstétrico” si continúa el embarazo. Pero el sistema sanitario provincial hace oídos sordos. El fundamentalismo se impone al cumplimiento de la ley: el aborto es legal en casos de violación y cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer gestante. Las dos causales se configuran.
El secretario Vigliocco declaró al programa “Pasaron Cosas” de Radio Con Vos FM 89.9: “Yo estoy encima de este caso de manera personal. Tengo una cercanía con la niña y su madre. La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos”. Niega lo expresado por la niña en relación a interrumpir la gestación. Y la convierte lisa y llanamente en un envase, la despersonaliza: la niña no es una niña. Para el funcionario es un objeto, una incubadora. ¿Se puede ser más cruel?
La directora del hospital también es conocida por sus posiciones antiderechos: Elizabeth Ávila, en 2016, pretendió obstaculizar un aborto a una mujer, identificada como “Nelly” que cursaba un embarazo deseado y buscado con feto anencenfálico. Le llegó a decir: “Yo tengo una enfermedad terminal y no ando pidiendo que me maten”, haciendo una analogía con que si “su bebé” no iba a vivir igual tenía que gestarlo. “Nelly” pudo acceder a una interrupción legal de embarazo en otro hospital, no sin antes sortear una serie de obstáculos institucionales.
Vigliocco también dice que la madre dio el consentimiento para que el embarazo siga adelante. Cualquier diferencia entre la voluntad de la madre y la niña tiene que resolverla el personal sanitario, pero poniendo en primer lugar el interés superior de la niña y su salud, tanto física como psíquica. ¿Tanto cuesta que se la respete como sujeta de derechos?
El Comité de Derechos del Niño recomendó al Estado argentino garantizar la interrupción legal de embarazo especialmente en menores de 15 años. No pueden mirar para otro lado.
Como ya sucedió en casos similares, metió la nariz arbitrariamente una fiscal que nada tiene que ver con la causa que investiga el ataque sexual. La fiscal Adriana Giannoni actuó de oficio y está tratando de que intervenga una defensora por el “no nacido”, que todavía no se pronunció. Pero según trascendió, citó a su despacho a los médicos que están atendiendo a la niña y los presionó para que no accedieran a practicar el aborto legal.
Así están las cosas en Tucumán. Así tratan a las niñas en el jardín de la República: la segunda violación la perpetra el Estado. El sistema de salud que debería buscar sanar a la niña, ayudarla a que las marcas del abuso sexual cometido por la pareja de su abuela no sean indelebles, le echa sal en las heridas abiertas. Total, pesa más de 50 kilos. Y lo demás, no importa. (pagina12)
