Es en la causa por amenazas contra la directora del Hospital de Salud Mental de Diamante. Para cinco dirigentes de UPCN la Fiscalía solicitó penas de hasta cinco años y seis meses de prisión efectiva.
Los fiscales Laureano Dato y Gamal Taleb expusieron este lunes los alegatos en el marco de la causa que se sigue contra el exministro de Salud Ariel de la Rosa y seis dirigentes gremiales de UPCN, quienes están acusados de los delitos de coacción agravada contra Diana Trossero, directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante.
El Ministerio Público pidió la pena de cinco años de prisión efectiva contra el exfuncionario provincial, en tanto que para los dirigentes gremiales el pedido fue de cinco condenas y una absolución: José Zarza(cinco años y seis meses), Noemí Santamaría(cinco años) y para la secretaria gremial del sindicato Carina Domínguez(cinco años).
Para Zunilda Suárez, por su parte, la solicitud fue de tres años y seis meses de prisión, mientras que para Fabián Monzón, secretario adjunto y exdirector del Iosper, la pena solicitada fue de un año y seis meses de prisión condicional. Guillermo Barreira, en tanto, recibió un pedido de absolución.
La causa investiga los hechos ocurridos entre el 5 y el 7 de junio de 2017 en el nosocomio diamantino, donde la directora de la institución habría sido amenazada por dirigentes del gremio que actuaron de manera coordinada con el entonces titular de la cartera sanitaria. El problema se desencadenó con la baja de una enfermera, Yanina Migueles, cuya reincorporación fue solicitada de manera coercitiva por el gremio y contó con el posterior aval del entonces ministro, de cercanía política con UPCN.
El exfuncionario, puntualmente, habría mantenido una conversación telefónica en tono amenazante con Trossero, antes de la visita de los dirigentes gremiales que ese miércoles 7 de junio terminaron detenidos. Paralamente, De la Rosa emitió una resolución ministerial que ordenaba la reincorporación de Migueles, aunque dos días después terminó presentando la renuncia en medio del escándalo que desató el caso.
Para los fiscales, hubo una “actuación conjunta” entre el exministro y los dirigentes que acudieron a Diamante, quienes querían demostrar como “un triunfo político” el aval de De la Rosa a la trabajadora despedida. En esa línea, sostuvieron que los actos de “patoterismo, intimidación y apriete” estuvieron acreditados durante el debate, y pidieron además que se valore la posible presencia del delito de violencia de género contra Trossero. (ahora.com)
