El gobierno nacional debió retroceder una vez más con una medida que genera polémica en toda la población. El Estado se hará cargo del desfasaje que generó la devaluación en las tarifas de gas y lo pagará en 30 cuotas a las empresas.
Luego de la intensa polémica generada a partir del aumento de la tarifa de gas anunciado por el secretario de Energía, Javier Iguacel, que autorizaba a las empresas a cobrar un extra en 24 cuotas para compensar las pérdidas que sufrieron por la suba del dólar, el gobierno decidió dar marcha atrás y anular la medida. “Estamos trabajando en una salida consensuada con la oposición. Por lo pronto, se bajan las 24 cuotas que iban a pagar los usuarios y el Estado se hará cargo del desfasaje”, aseguraron fuentes oficiales a distintos medios nacionales.
La resolución de la Secretaría de Energía había provocado una fuerte reacción tanto de la oposición como de las propias filas del oficialismo, donde llovieron críticas por parte de la UCR y hasta impulsaron una contrapropuesta que consistía pagar a las empresas la mitad del resarcimiento y que las propias compañías aporten la otra parte. Desde Entre Ríos surgieron algunas iniciativas para dar de baja la medida.
Así, el Gobierno termina cediendo y se hace cargo de la totalidad de la deuda, la cual abonará en 30 cuotas hasta el 2021. La decisión se tomó luego de una reunión de algunos miembros del Gabinete y marca el triunfo del ala política de Cambiemos. Este sector comandado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, entre otros, manifestaba que el incremento dificultaría aún más las negociaciones en el Congreso para poder aprobar el Presupuesto 2019. De hecho, la oposición ya había convocado a una sesión especial para interpelar a Iguacel y anular el aumento.
A su vez, el freno por vía judicial era inminente. El fiscal Guillermo Marijuán había pedido una medida cautelar de forma urgente y la presentación de amparos en todo el territorio nacional no paraba de aumentar. “Los contribuyentes han hecho pagos y uno de los efectos del pago es la cancelación total, con lo cual no se puede en modo alguno quitarles la entidad jurídica que tienen justamente el acto del pago”, había manifestado el fiscal.
Por otro lado, la medida expone por completo a Iguacel y lo deja al borde de la renuncia, después de haber tenido que pagar un gran costo político asumiendo la responsabilidad del tarifazo en una difícil conferencia de prensa. La intención de la Secretaría de Energía era justamente compensar la deuda mediante la emisión de un bono para evitar trasladarles el costo a los usuarios, cosa que fue denegada por la negativa del FMI y que ahora finalmente se autoriza.
En dicha conferencia, Iguacel tuvo que dar la cara y asegurar que la única alternativa era trasladar este aumento a las tarifas o de lo contrario las firmas energéticas podrían apelar a la Justicia y terminar logrando un aumento 3 veces más caro al no fraccionar el impacto en 24 meses. Es por eso que se había optado por aplicar cuotas mensuales durante dos años en torno a los $90 y $100 en promedio que iban a pagar una tasa de interés del 47,50%.
