La Policía Federal allanó nuevamente este viernes por la mañana la Presidencia Municipal de Paraná y secuestró dos teléfonos celulares -el del intendente Sergio Varisco y el de su hija Lucía, en el marco de una causa por amenazas.
El operativo se da en el marco de una causa por amenazas, contra el juez federal Leandro Ríos y el director de la revista Análisis, Daniel Enz.
La decisión de secuestrar los aparatos la adoptó el juez federal con competencia Civil, Daniel Alonso, por ser su colega Ríos uno de los denunciantes en el expediente.
Las amenazas se concretaron en la mañana del jueves 16 de agosto, donde se advertía sobre la colocación de explosivos si continuaban con las investigaciones sobre el jefe narco, Daniel “Tavi” Celis y en días previos a la determinación de la Cámara Federal de Apelaciones, en torno a los procesamientos de Varisco, de la funcionaria Griselda Bordeira y del concejal Pablo Hernández (Cambiemos).
Lo extraño del caso fue que el teléfono desde donde se hicieron las amenazas estaba en alguna oficina municipal -tal como lo indicaban las pericias- pero no pudo ser hallado esta mañana por Policía Federal.
Según pudo reconstruir El Entre Ríos, Enz recibió una amenaza telefónica, por mensaje de texto de la red móvil, el jueves 16 de agosto, a las 9.30, desde un celular que pertenece a una flota de teléfonos de la Presidencia Municipal y cinco minutos más tarde hubo una intimidación de similares características al juez federal Leandro Ríos, a su celular personal.
El tema es que en esos cinco minutos de distancia entre una y otra amenaza, desde ese teléfono municipal se comunicaron con Lucía Varisco, hija del intendente de Paraná y luego con el teléfono del propio Sergio Varisco. Tras ello, se hizo la amenaza al juez Ríos.
Ese mismo día, el juez federal que lleva adelante la causa narcomunicipio que involucra a Varisco, Bordeira y Hernández, en negociados con la banda de narcotráfico que lidera Daniel “Tavi” Celis, radicó la denuncia por amenazas ante el juez federal de competencia Civil, Daniel Alonso y días después también compareció Enz ante el fiscal Carlos García Escalada.
La determinación del juez Alonso se produjo días después que el director de Análisis se constituyera como querellante en la causa, con el abogado Ramiro Pereira, quien en el escrito exigió el secuestro de los teléfonos que aparecían en el expediente, de acuerdo a lo investigado durante estas semanas por personal de Policía Federal.
Esta mañana, poco después de las 10, personal policial se constituyó en la Presidencia Municipal, secuestraron los celulares personales de Lucía Varisco -quien oficia de secretaria privada del intendente- y del propio Varisco. El celular desde donde se hicieron las amenazas, nunca apareció.
Cabe indicar que amenazar a un juez en el marco de un proceso -como este caso, en que Ríos lleva adelante una causa tan resonante y preocupante para la sociedad- se entiende que constituye una “coacción agravada”, por lo cual el Código Penal establece una pena severa para su autor, con una condena de prisión.
