Impulsada por el macrismo: Marcharon para reclamar el desafuero de Cristina
Mario Negri, Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Paula Oliveto y Graciela Ocaña son algunos de los legisladores que encabezaron un acto frente al Congreso, exigiendo a senadores que den luz verde al requerimiento del juez Bonadio, al tiempo que reclaman por la sanción de la Ley de Extinción de Dominio.
Tras frustrase la sesión del miércoles pasado para tratar los allanamientos a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, el oficialismo encabezó un acto frente al Congreso para reclamar el desafuero de la exmandataria y la sanción de la Ley de Extinción de Dominio.
La convocatoria fue organizada por Ricardo Benedetti, coordinador de Análisis y Control de Gestión del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, organismo que comanda Hernán Lombardi. La marcha fue rápidamente motorizada por redes sociales bajo diversos agrupadores como #21, #21ATodosAlCongreso y #21AYoVoy.
Algunos de los que se plegaron a la convocatoria son nada menos que el presidente del interbloque Cambiemos en la Cámara baja Mario Negri y los también diputados oficialistas Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Graciela Ocaña.
Desde la Coalición Cívica también dieron el presente en la convocatoria. Dos «lilitas» de pura cepa estuvieron en las afueras del Congreso: se trata de la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic y la diputada nacional Paula Oliveto.
Con esta convocatoria el oficialismo busca sumar presión a la bancada peronista de la Cámara alta para que aporte quórum el miércoles, cuando el oficialismo intente por tercera vez autorizar el requerimiento del juez federal Claudio Bonadio para allanar los tres domicilios de la ex jefa de Estado.
Desde la bancada encabezada por el rionegrino Miguel Pichetto aseguran que el número para sesionar el próximo miércoles está garantizado y recuerdan que la última convocatoria naufragó porque dos senadores de Cambiemos se ausentaron.
El temario de la protesta incluirá el reclamo de la sanción de la Ley de Extinción de Dominio, una figura que habilitará al Estado a recuperar bienes obtenidos por el delito, cuyo proyecto iba a ser tratado en la misma sesión del Senado en la que se iba a debatir la autorización para los allanamientos. (ámbito.com)