Urribarri pidió el sobreseimiento
Los defensores de Sergio Urribarri y del ex ministro Pedro Báez volvieron a cuestionar la legitimidad de la justicia para investigar un fraude por 24 millones de pesos, y solicitaron su sobreseimiento. El planteo fue efectuado en una audiencia que debía tratar la remisión a juicio de una causa donde se investiga el direccionamiento de campañas publicitarias, cuestión que se resolverá el próximo lunes. Los abogados de los otros imputados expusieron críticas a la acusación.
La que debía ser la audiencia de remisión de una causa a juicio terminó reedición de un planteo por el cual los defensores del ex gobernador Sergio Urribarri y el ex ministro Pedro Ángel Báez solicitaron una vez más su sobreseimiento.
Urribarri y Báez están acusados por la sustracción de fondos públicos y su direccionamiento a favor de las empresas TEP SRL y Next SRL, que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, a través de contrataciones de publicidad.
De acuerdo con la acusación, entre 2010 y 2015 se hicieron contrataciones por un monto total de 24.204.918,69 pesos mediante adjudicaciones directas y por vía de procedimientos de excepción desde el Ministerio de Cultura y Comunicación, con la venia del gobernador.
Los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa consideraron que la investigación penal preparatoria estaba concluida, pidieron la remisión de la causa a juicio, que se solicite el desafuero de Urribarri y Báez y adelantaron que pedirán que sean condenados a ocho años de prisión. Ambos están acusados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración.
Sin embargo, en la audiencia celebrada este viernes, los abogados Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, defensores de Urribarri, volvieron a plantear la excepción por falta de acción, que supone que el Ministerio Público Fiscal no tiene facultades para investigar al ex gobernador porque las rendiciones de las contrataciones fueron aprobadas por la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas.
Del mismo modo lo hicieron Ignacio Díaz y José Velázquez, defensores de Báez.
En tanto, Marcos Rodríguez Allende, abogado de Aguilera y de su esposa Luciana Belén Almada, cuestionó el modo en que estaba construida la imputación, dijo que eso genera dificultades para el ejercicio del derecho de defensa y pidió que sea modificada.
También los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, defensores de quienes están señalados como testaferros de Aguilera, objetaron la imputación, pero solicitaron directamente que se declare su nulidad.
Además, Vartorelli defiende a Corina Cargnel, contadora de Aguilera, y al ex funcionario Gustavo Tamay. Respecto de ellos también solicitó que se declare la nulidad de la acusación.
El juez Eduardo Ruhl adelantó que el próximo lunes dará a conocer si hace lugar al planteo de excepción por falta de acción, lo que supondría el sobreseimiento de los acusados. Del mismo modo deberá resolver el planteo de nulidad o modificación de la imputación, lo que significaría que el expediente vuelva a manos de los fiscales.
En caso de que los planteos sean rechazados, las partes discutirán sobre cuáles son las pruebas testimoniales y documentales que pretenden reproducir en el debate. (paginajudicial)