Así lo dispuso el juez Leandro Ríos. AHORA accedió al expediente y revela detalles del procesamiento dispuesto al intendente de Paraná.
Sergio Varisco fue procesado por la causa narco. Pero a diferencia del concejal Pablo Hernández y la funcionaria Griselda Bordeira que fueron detenidos preventivamente, no va a la cárcel mientras se desarrolla la investigación. Para ello, debe pagar un millón de pesos.
Tal como se puede leer en el expediente que tiene 293 páginas, el juez Leandro Ríos manifestó los argumentos por los cuales considera que no se puede disponer su prisión preventiva. El hecho de ser intendente lo contempla.
En este sentido, según remarcó en el texto al cual tuvo acceso AHORA, “dicho riesgo procesal debe conjugarse con el ‘arraigo institucional’ que por esa misma condición de Presidente Municipal”.
En esta misma línea, el juez Ríos entiende que “se trata de un cargo unipersonal cuya privación de libertad podría generar una crisis institucional en los servicios de la ciudad”. Por esto, dispuso su excarcelación, pero bajo una caución real de un millón de pesos.
Esta contemplación exige de Varisco una serie de requerimientos: informar en caso de cambiar su domicilio; prometer formalmente presentarse o comparecer toda vez que sea llamado por el Juez o Tribunal que entienda en la causa; concurrir al Juzgado Federal N°1 una vez por semana, los días viernes, en el horario comprendido la hora 7 y 13, ocasión en la que habrá de dejarse constancia de ello y cada vez que le sea requerida su presencia. Además, tiene prohibido salir del país.
Extracto del expediente, página 285:
“Así, en el caso de Sergio Fausto Varisco si bien por su condición de Intendente municipal se genera un riesgo cierto de que pueda influir en los testigos del proceso y de que pueda destruir prueba relevante en relación al delito de peculado, dicho riesgo procesal debe conjugarse con el «arraigo institucional» que posee por esa misma condición de Presidente Municipal, a lo cual debe aditarse que se trata de un cargo unipersonal cuya privación de libertad podría generar una crisis institucional en los servicios de la ciudad. Asimismo, debe valorarse que se trata de una persona con 57 años de edad, con bienes inmuebles en la ciudad de Paraná y Buenos Aires, con un sueldo mensual de $36.000 conforme el informe de vida y costumbres del mismo, todo lo cual debe ser estimado con la posibilidad de imponer otras medidas alternativas por las que se puede gestionar el interés material y procesal de manera menos gravosa, correspondiendo mantener su excarcelación, pero bajo una caución real de $1.000.000 (pesos un millón) y debiendo informar en caso de cambiar su domicilio; prometer formalmente presentarse o comparecer toda vez que sea llamado por el Juez o Tribunal que entienda en la causa; concurrir a este Juzgado Federal N°1 una vez por semana, los días viernes, en el horario comprendido la hora 7 y 13, ocasión en la que habrá de dejarse constancia de ello y cada vez que le sea requerida su presencia y con prohibición de salir del país. Ante un supuesto de incomparecencia sin causa debidamente justificada, como asimismo en caso de quebrantar alguna de las reglas impuestas para el otorgamiento de la libertad, se ordenará la inmediata detención y se hará ejecutiva la caución”.
