El ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner se presentó ante la justicia provincial para acatar la orden de detención dictada anoche por el juez Isidoro Cruz. El magistrado, quien lleva dos años investigado el supuesto desvió de fondos destinados a obras públicas, justificó su decisión en la “expectativa alta de fuga”, pero lo cierto es que Fellner voló a su provincia desde Buenos Aires consciente de que quedaría detenido. Su defensa anticipó que apelará la prisión.
El ex mandatario peronista arribó a San Salvador de Jujuy junto con su abogado Horacio Aguilar, quien lo acompañó primero al juzgado y luego a la Unidad Penitenciaria Nº 7 del barrio Alto Comedero, que inauguró el propio ex mandatario en 2014, en la misma localidad donde se encuentran detenidas varias militantes de la organización Tupac Amaru y donde estuvo la diputada del Parlasur Milagro Sala hasta que el gobierno provincial acató la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió su libertad o en su defecto un arresto domiciliario.
Fellner decidió presentarse antes de que se cumplieran 24 horas desde que Cruz dictara la detención del exfuncionario y de otros miembros de su gabinete vinculados al Ministerio de Tierra y Viviendas y al Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, entre ellos Luis Cosentini y Lucio Abregú, respectivamente. Sala y las militantes Gladys Diaz y Mirta Aizama también fueron alcanzadas por la orden de detención, pero ya está privadas de su libertad en otras causas.
El magistrado justificó su decisión en el presunto “riesgo de fuga” fundado en los viajes que el ex mandatario habría realizado al exterior y que la defensa niega. “La fiscalía no tiene ningún comportamiento de Fellner vinculado a esta asociación ilícita”, advirtió Aguilar, quien insistió en desestimar la “información falsa” que circuló respecto a los supuestos 17 viajes a Panamá del ex gobernador. “Pasó por el aeropuerto, viajando por la aerolínea Copa y fue hacia otros destinos. Hizo trasbordos, no entró al país y su pasaporte lo constata”, subrayó Aguilar. Toda la argumentación de la orden de captura se basó en estos viajes que nunca existieron porque la Fiscalía entendió que existía “riesgo de fuga”.
El letrado también subrayó que se trata de una investigación “que lleva dos años” y que a pesar de ello “todavía no se pudo probar”. “Hace un año presentamos el sobreseimiento, no nos dijeron nada porque la causa estaba suspendida. Hace dos meses le reiteramos el pedido”, relató el letrado, quien destacó que los fiscales “no describen ninguna conducta que tenga que ver con una asociación ilícita” y que se refieren a otro expediente.
La denuncia por la que se está juzgando al ex gobernador fue presentada por el dirigente de la Coalición Cívica de Jujuy, José María Albizo, y está caratulada como delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita y fraude a la administración pública por administración infiel. La causa invoca una supuesta complicidad del entonces gobernador en el manejo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas gestionadas por la organización Tupac Amaru. (pagina12)
