La oposición anticipó este viernes que pedirá la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado ayer que, entre otras cosas, “flexibiliza los controles para las empresas que incumplen la legislación laboral y permite embargos directos sobre las cuentas sueldo”.
Así lo confirmó el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi y la exdiputada Margarita Stolbizer.
“Está claro que el presidente Mauricio Macri se burla del Parlamento y saca este decreto con la excusa de desburocratizar el Estado”, aseveró el santafesino.
Concretamente, Rossi anticipó que pedirá que “la Comisión Bicameral analice el decreto redactado a medida de la OCDE que, en 22 capítulos y 192 artículos, modificó más de 140 leyes y normativas”.
“Debido a la extensión del DNU, el Gobierno seguramente venía trabajando desde hace mucho tiempo en el texto; y seguramente fue así para sortear al Congreso”, aseveró.
Para Rossi, “el oficialismo tiene una mayoría inestable en términos políticos, y por eso va a tratar de limitar la actividad parlamentaria”.
Al profundizar sobre los pasos a seguir, expresó: “Vamos a rechazar el DNU ómnibus por inconstitucional e inválido por las formas y porque regula sobre competencias atribuidas constitucionalmente al Congreso sin que exista situación de extrema necesidad, que ponga en riesgo las funciones esenciales o la continuidad del Estado”.
“Además, vamos a proponerle a todos los bloques opositores la realización de una sesión especial para derogar el DNU”, continuó.
El titular de la principal bancada opositora aseguró que “otra vez el Presidente atravesó la esfera de la división de poderes, se extralimitó en sus facultades y avanzó ilegítimamente sobre atribuciones del Congreso porque no hay razones, ni necesidad ni urgencia para disponer modificaciones sustanciales sobre las materias reguladas”.
“Nuestro bloque va a rechazar el DNU ómnibus en la Comisión Bicameral y dialogaremos con el resto de los bloques opositores para proponerles convocar una sesión extraordinaria”, indicó.
Al analizar las cuestiones sobre las que avanza el decreto, cuestionó que “autoriza a usar el Fondo de garantía de Sustentabilidad en operaciones financieras, desviándose del destino original que eran inversiones productivas; por lo que pone la plata de los trabajadores en manos de la timba financiera”.
En tanto, la exdiputada Margarita Stolbizer (GEN) también anunció que pedirá a la Justicia que declare “inconstitucional” el DNU por considerar que “afecta seriamente la división de poderes, vulnera derechos y modifica un centenar de leyes”.
“Vamos a solicitar a la Justicia la revisión del instrumento y la declaración de su inconstitucionalidad por no existir las condiciones de necesidad ni de urgencia, que constituyen requisitos ineludibles según la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema”, explicó a Télam la abogada Silvia Martínez, patrocinante de Stolbizer.
La demanda será presentada por la titular del GEN el mes próximo -cuando finalice la feria judicial- contra el DNU 27/2018, con el que el Gobierno introdujo un extenso conjunto de modificaciones para “desburocratizar” y “simplificar” el Estado.
El amplio alcance del DNU abarca desde normativas aplicadas para empresas que incumplen con la legislación laboral, embargos directos sobre cuentas-sueldo, leyes fitosanitarias, venta de activos estatales y hasta la regulación de cuatriciclos.
Stolbizer, titular de la ONG Bajo La Lupa, y la abogada Martínez argumentaron que el decreto “es un claro abuso de poder, sin ninguna justificación de las condiciones constitucionales exigidas para dictar un instrumento de esta naturaleza”.
“Afecta seriamente la división de poderes, vulnera derechos, modifica un centenar de leyes y parece destinado a prescindir del Congreso Nacional”, fundamentó Stolbizer.
La exlegisladora insistió con que el Poder Ejecutivo, mediante el DNU, “asumió facultades legislativas que le están vedadas”, alteró las “reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano”.
Stolbizer apoyará su demanda en el artículo 99 -inciso 3- de la Constitución Nacional, que señala que el Ejecutivo nacional “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, a menos que “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”. (ámbito.com)
