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Un paso adelante en el tiempo

Informe advierte sobre un aumento de la represión y la criminalización de la protesta social

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Un informe titulado “Detenciones, causas penales y represión de la protesta social (2016-2017), elaborado por la organización de derechos humanos Liberpueblo y el Observatorio del derecho social de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma advierte sobre el incremento del uso de las fuerzas de seguridad y de acciones judiciales por parte del Estado frente a los reclamos popualres. “La presencia de una cantidad similar de hechos de represión, pero más violentos en términos cualitativos, se complementa con un aumento de la cantidad de causas penales iniciadas contra manifestantes y fundamentalmente con un fuerte crecimiento de la cantidad de detenidos que va camino a duplicarse respecto del año anterior”, advierte el documento.

Un informe elaborado por Liberpueblo y la CTA Autónoma de cuenta de una preocupante intensificación de la represión estatal hacia la protesta social, con un análisis pormenorizado del contexto en que se dan los hechos y un seguimiento de su evolución cuantitativa y culitativa.

El documento -que abarca el período que va desde enero de 2016 hasta septiembre de 2017- advierte que la utilización de la violencia física contra la protesta social “se ha intensificado significativamente en el año 2017”, algo que se desprende de análisis de los casos de represión violenta de manifestaciones, apertura de causas penales y detenciones en contexto de reclamos vinculados a derechos sociales.

“En cuanto a los hechos de represión, la cantidad total se ha mantenido relativamente constante respecto de un año atrás, e incluso podría llegar a presentar un leve descenso (58 casos entre enero y septiembre de 2017 contra 86 casos en todo 2016)”, se admite en el informe aunque al mismo tiempo señalan que “la magnitud de la violencia estatal ha sido muy superior a la utilizada un año atrás”.

En ese marco, señalan que as muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, “ambas ocurridas en el contexto y como consecuencia directa de operativos represivos llevados adelante por Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, son los hechos más paradigmáticos de este proceso. A ellos deben agregarse decenas de heridos producto de balas de goma y el otorgamiento de una virtual carta blanca a las fuerzas de seguridad para reprimir violentamente las manifestaciones”.

La CTA Autónoma y Liberpueblo consideran también que la existencia de una cantidad similar de hechos de represión pero más violentos en términos cualitativos “se complementa con un aumento de la cantidad de causas penales iniciadas contra manifestantes y fundamentalmente con un fuerte crecimiento de la cantidad de detenidos que va camino a duplicarse respecto del año anterior (514 en 2017 contra 269 un año atrás)”.

“Estas detenciones se produjeron no solo en el marco de las manifestaciones, sino que se prolongaron muchas horas luego de finalizada la protesta, en lo que parece un modus operandi muy claro de respuesta a la protesta social”, denuncian desde las organizaciones

Represión estatal y control social

Los autores del estudio arriban a la conclusión de que la información incluida permite dar cuenta de la existencia de “una práctica sistemática de respuesta a las protestas sociales que incluye la represión violenta de las manifestaciones, la detención de algunos de los participantes y la apertura de causas penales como mecanismo de control social”.

Por otra parte, en los últimos hechos represivos ha sido manifiesta la obstaculización a los abogados defensores de derechos humanos para identificar a los detenidos en Comisarías y destacamentos de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la detención, provocando la necesidad de interponer habeas corpus para determinar su lugar de detención y el pedido de intervención al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

La represión y la criminalización de la protesta en números

Según el informe, entre enero de 2016 y diciembre de 2017 se registraron como mínimo 309 hechos de represión y criminalización contra la protesta de las organizaciones populares, de los cuales 164 corresponden al 2016 y 145 al 2017. El hecho de mayor frecuencia fue la represión ejercida por las fuerzas de seguridad (47 por ciento del total), seguidas por la detención de activistas o manifestantes por parte de la fuerza pública (28 por ciento) y la apertura de causas judiciales contra miembros de organizaciones o manifestantes (25 por ciento).

Si bien se registran situaciones de este tipo a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, se destaca una mayor concentración en la Patagonia (con el 31 por ciento) y en el área metropolitana de Buenos Aires (25 por ciento).

Asimismo se da cuenta de que la amplia mayoría de los hechos relevados se produjeron en el contexto de demandas laborales (168 hechos) seguidos por los reclamos vinculados a los derechos a la tierra y a la vivienda (71).

En cuanto a los sectores afectados por este tipo de acciones que hablan del tipo de respuesta que elige el Estado para el abordaje de las problemáticas sociales y las demandas que estas generan por parte de la población, el estudio de Liberpueblo y la CTA Autónoma revela que la mayoría de los hechos de represión, detenciones arbitrarias y apertura de causas penales se dirigieron contra trabajadores (52 por ciento del total); en segundo lugar contra integrantes de organizaciones sociales (28 por ciento) y en tercer lugar contra las comunidades de pueblos originarios (16 por ciento).

Entre los hechos de represión directa con las fuerzas de seguridad nacionales y/o provinciales se contabilizaron 144 casos , con una particularidad a destacar que es que las acciones contra reclamos de pueblos originarios “fueron los que presentaron una violencia de mayor intensidad, concluyendo con la muerte de Santiago Maldonado en agosto de 2017 y de Rafael Nahuel en noviembre de 2017”.

En cuanto a las detenciones, en el período relevado por el informe se identificaron “al menos 86 hechos de detenciones arbitrarias que afectaron a un total de 783 personas”, con 269 detenidos en 2016 y 514 de enero a septiembre de 2017.

Reclamo social, respuesta judicial

Finalmente, en el informe se relevaron 79 hechos de causas judiciales abiertas en el ámbito penal como consecuencia de situaciones de protesta social, que afectaron a 254 personas entre enero de 2016 y el 15 de diciembre de 2017. Los autores del estudio aclaran que se trata del hecho que presenta “mayores dificultades en cuanto a su relevamiento, ya que los hechos de represión y las detenciones de manifestantes suelen recibir mayor atención mediática, mientras que la principal fuente de información sobre la apertura de causas penales son las propias organizaciones”, por lo que asumen que este relevamiento posee “un fuerte subregistro”.

De todos modos, resaltan el hecho de que los destinatarios principales de estas causas fueron “dirigentes y referentes de las organizaciones sindicales, sociales y pueblos originarios (el 74 por ciento del total), es decir, sujetos que ocupan posiciones de representación en sus organizaciones”, lo que interpretan como “una forma de disciplinar a las organizaciones del campo popular en su conjunto e impacta sobre todos sus integrantes, generando temor y obstaculizando la propia organización y acción colectiva”. (aim)

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