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Narcotráfico: Los fiscales piden profundizar la investigación contra Varisco

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Los fiscales Ricardo Álvarez y Carlos García Escalada solicitaron la confirmación del procesamiento del intendente Sergio Varisco, la policía Griselda Bordeira y el concejal Pablo Hernández, pero plantearon la necesidad de profundizar la investigación respecto de sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico. Los defensores pidieron que la nulidad del auto de procesamiento y denunciaron la “desaparición” de escuchas.

La Cámara Federal de Apelaciones tiene en sus manos una decisión trascendental para la vida institucional de la ciudad de Paraná: debe resolver si confirma el procesamiento del intendente Sergio Varisco por presuntas vinculaciones con el narcotráfico.

La resolución de los jueces Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren se conocería en una semana.

Este miércoles, los fiscales Ricardo Álvarez y Carlos García Escalada solicitaron que se confirme el procesamiento de Varisco, la policía Griselda Bordeira y el concejal Pablo Hernández –también la prisión preventiva de estos últimos–; como también de los empleados municipales Alan Viola y Ernesto Ramón González; y de Nahuel Celis, Jonathan Heintz y Juan Manuel Gómez, señalados como integrantes de la organización narcocriminal encabezada por Daniel Tavi Celis. El jefe de la banda, por su parte, no apeló la resolución del juez.

No obstante, los fiscales consideraron que había aspectos de la investigación que debían ser profundizados, sobre todo respecto de las implicancias de los funcionarios municipales.

En tanto, los defensores solicitaron la nulidad del auto de procesamiento dictado por el juez Leandro Ríos, en líneas generales, por considerar que se violó el principio de congruencia, es decir, que los involucrados habían sido indagados por una figura delictiva pero resultaron procesados por una participación distinta.

También denunciaron la “desaparición” de comunicaciones que aparecen en un informe de la compañía telefónica pero no están contenidas en los CD que forman parte del expediente, y que podrían ser clave para la investigación.

Las nulidades y una bomba

Los abogados defensores coincidieron en el planteo para que se declare la nulidad del auto de procesamiento porque consideran que hubo una violación al principio de congruencia, ya que los involucrados fueron indagados por haber realizado aportes a una organización dedicada a la venta de drogas (como adquirentes, colaboradores y/o vendedores, según el caso), pero terminaron procesados por realizar actividades de comercio de estupefacientes.

También cuestionaron que la acusación comprende a un período que va de septiembre de 2017 a mayo de 2018, sin especificar concretamente la fecha en que cada uno de los involucrados hizo su aporte a la organización narcocriminal. “No hay fecha, ni lugar, ni actos de comercio”, enfatizó el defensor oficial Alejandro Castelli.

Por lo demás, aseguraron que en los meses que duró la investigación no se recolectaron pruebas suficientes que acrediten las responsabilidades de cada uno de los imputados o que las pruebas colectadas son escasas.

Los defensores también solicitaron, para el caso de que no se admita el planteo de nulidad, la revocación del procesamiento de los imputados y que se les conceda la excarcelación o la prisión domiciliaria.

El abogado Claudio Caffarello, defensor del intendente Varisco, consideró que la causa “es una historia creada por el juez” y cuestionó la valoración que el magistrado hizo de la declaración de Luciana Lemos. Según dijo, la ex pareja de Celis “tenía algún tipo de interés procesal cuando hizo su ampliación de indagatoria y a partir de ahí empezó a revolear datos, lo que denota una preparación previa”. Sin embargo, resaltó que “no hay una sola conversación entre Varisco y los imputados”.

A su turno, Cullen acotó que al intendente “se lo procesó con prueba desincriminante”.

Del mismo modo, Boris Cohen, defensor de Bordeira, dijo que la policía provincial y ex funcionaria municipal “no tenía droga en su poder, ni hay elementos que permitan inferir que integraba una organización delictiva, ni tuvo un crecimiento patrimonial desmedido”. Pidió además la excarcelación de Bordeira o que se le conceda la prisión domiciliaria con una caución de 30.000 pesos y utilización de una tobillera electrónica.

La bomba de la jornada la arrojó Milagros Serra Cullen, defensora de Hernández, quien denunció la “desaparición” de comunicaciones entre Celis y Lemos consideradas “fundamentales” y que constan en un informe elaborado por la empresa telefónica, pero que no estarían en los CD que se encuentran en el juzgado, según dijo.

Algo huele mal en la comarca

A su turno, el fiscal general Ricardo Álvarez hizo hincapié, primero, en la “repercusión mediática nacional” que ha tenido la causa, aseguró que “hay algo nauseabundo, una fetidez que abunda el espacio público de la Municipalidad de Paraná” y que “hay una hediondez que involucra a funcionarios públicos”.

Álvarez se refirió a la hipótesis del juez sobre un acuerdo político mediante el cual Celis aportó dinero para la campaña que lo llevó a Varisco a ser intendente en 2015. “¿Esa es la única hipótesis? No”, preguntó y se contestó. “Hay terceros que niegan la existencia del relanzamiento de un acuerdo bochornoso que funcionó entre septiembre y mayo, pero además niegan el acuerdo previo”, acotó.

Sin embargo, aclaró que “Varisco no aparece en escena porque se le ocurrió al juez” y resaltó que la hipótesis del juez es “probable” aunque “no es la única interpretación posible” de las escuchas telefónicas que constituyen las pruebas de cargo más importante.

Lo cierto es que Álvarez aseguró que “hay un alto nivel motivacional” para sostener una acusación contra Celis y los integrantes de su organización; pero respecto de los funcionarios públicos “hay una motivación aceptable que necesita ser enriquecida, fortalecida, robustecida para que sea inobjetable”.

En su exposición, el fiscal general dijo que debía confirmarse la resolución, pero planteó “límites y críticas” y también la necesidad de profundizar algunas líneas de investigación, sobre todo respecto de la ruta del dinero que se habría utilizado para el financiamiento de la organización narcocriminal encabezada por Tavi Celis.

“Hubiera sido deseable que se aclarara de dónde salió el dinero para la financiación de esta organización, de qué partidas, de qué áreas; si era de la Municipalidad o del Concejo Deliberante. A ese aspecto hay que enriquecerlo urgentemente”, señaló el fiscal.

En el mismo sentido se expresó el fiscal Carlos García Escalada, quien sostuvo que “la hipótesis (del juez) no se encuentra acabadamente comprobada” y “todavía queda por investigar”. (paginajudicial)

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