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Un paso adelante en el tiempo

ENTRE RÍOS: DIFICULTADES A DOS AÑOS DE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

La ley que consagró el derecho al aborto legal, seguro y gratuito cumplió dos años. Después de décadas de lucha del movimiento feminista, los informes oficiales revelan que la legalización es una conquista importante y facilita el acceso a soluciones de un problema de salud pública y de derechos. Los datos y las intervenciones judiciales.

Las mujeres pobres no se embarazan más que las mujeres ricas o de clase media. La diferencia está en las condiciones materiales de unas y otras para tomar cualquier decisión.

El 30 de diciembre se cumplieron dos años de la sanción de la ley que legalizó el aborto. La norma establece el derecho de las personas embarazadas a interrumpir ese proceso hasta las catorce semanas de gestación y también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (sin plazos) en los casos de violación o peligro para la vida o la salud de la persona gestante.

La vía más segura para acceder a un turno es llamando a la línea nacional gratuita que responde toda consulta vinculada a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Atiende una operadora que hace las preguntas pertinentes para poder orientar a quien llama, transmite la información a las provincias y éstas se ponen en contacto con quien busca interrumpir el embarazo y brinda las herramientas para garantizarlo.

En todo 2021, se registraron 1.643 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en el sistema público de Entre Ríos, de acuerdo con la información oficial del Ministerio de Salud de la Nación, a la que accedió Página Judicial. Los datos correspondientes a 2022 están en todavía en proceso de actualización: la Nación tiene registrados 1.389 abortos en la provincia.

De acuerdo con las estadísticas del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva de Entre Ríos, actualizadas al 22 de diciembre, durante el año 2022 se registraron 2.272 abortos en la provincia: 2.055 corresponden a interrupciones voluntarias, 131 a interrupciones legales y en 86 casos no se registraron datos.

Se indicó además que 7 de estas interrupciones se realizaron a niñas menores de 13 años, por causas de violación y/o riesgo para salud integral de la mujer gestante; 257 corresponden a mujeres de entre 14 y 19 años; 1.887 casos se dieron en mujeres mayores de 20 años; y en otros 121 casos no se registraron datos.

En un informe de la periodista Majo Viglione publicado en Revista Cicatriz #8, en agosto-septiembre, Lucy Grimalt, responsable del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva de Entre Ríos, aportó cifras que tiran por la borda una idea instalada: “Los datos de 2021 indican que el 94 por ciento de los abortos se hicieron durante el primer trimestre de embarazo y solo un 10 por ciento a adolescentes. La mayor parte de quienes decidieron abortar tienen entre 20 y 35 años y muchas ya tenían hijos e hijas, lo cual desmitifica aquello de que las pibas van corriendo a hacerse abortos”.

La distribución de la cantidad de abortos por provincias es desigual. Si se considera la cantidad de mujeres en edad fértil, en 2021 Entre Ríos registró una tasa de 4,7 cada mil mujeres; mientras que en 2022 el índice cayó a 4 por mil.

En 2021 se registraron 73.487 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en todo el país, de acuerdo con la información pública actualizada al 31 de julio último de 2022. Los datos del último año se fueron actualizando: en una edición previa del mismo informe, publicada en marzo, se dio cuenta de 64.164 casos. El mayor número de abortos entre enero de 2021 y septiembre de 2022 se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una tasa de 21 cada mil mujeres, seguida por Tucumán, donde fue de 17,5 por mil.

Asimismo, el Ministerio de Salud de la Nación identificó 29 efectores del sistema público entrerriano que informaron haber practicado interrupciones del embarazo. Los datos surgen de reportes enviados por el Gobierno provincial.

En aquella nota de Revista Cicatriz se consignó que en la provincia ya había una base de efectores de salud que garantizaba la interrupción del embarazo por las causas que establece el Código Penal (violación o riesgo de vida de la mujer), pero a partir de enero de 2021 “se comenzó a trabajar en la consolidación institucional de los equipos de salud para que deje de ser un servicio paria y se integre a las distintas prestaciones que se ofrecen”. Grimalt dijo que de los 318 efectores de salud que hay en el territorio entrerriano, en 36 se está garantizando la Ley Número 27.610.

En tanto, desde el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva resaltaron que durante el año 2022 se abordaron distintas líneas de trabajo en la prevención de embarazos no intencionales: consejerías de salud sexual integral, reproductiva y no reproductiva, entrega de métodos anticonceptivos, entre otras iniciativas.

Las piedras en el acceso a un derecho

En 2021, el Ministerio de Salud de la Nación intervino en 51 oportunidades frente a “posibles vulneraciones de derechos relacionados con el acceso a interrupción voluntaria del embarazo o interrupción legal del embarazo”, informadas a través de la línea telefónica de consultas por salud sexual (0800-222-3444).

En Entre Ríos se identificó una posible vulneración. En ese caso, se realizó una sistematización, análisis e intervención y se derivó el caso a un efector público de salud.

Por otra parte, la abogada y referente de los libertarianos en la provincia, Miriam Müller presentó el 2 de febrero en el Juzgado Federal Número 2 de Paraná una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y solicitó una medida cautelar urgente, bajo el insólito argumento de que “cada día conlleva –en promedio– la eliminación de alrededor de treinta a cuarenta niños en el territorio entrerriano por vía de las prácticas de aborto” (sic).

La denuncia era una copia textual de otra que había presentado Juan José Gómez Centurión, en representación del partido NOS, en los tribunales de La Plata y que luego sus adherentes replicaron en otros tribunales del país.

El juez Daniel Edgardo Alonso rechazó in limine la acción de inconstitucionalidad y dispuso el archivo del expediente.

Según un relevamiento realizado por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, se presentaron 37 demandas contra la ley del aborto en todo el país. Veintiséis demandas fueron rechazadas, cuatro pasaron al archivo y siete se encuentran a la espera de un pronunciamiento judicial. Hasta el momento no hay ninguna sentencia de fondo que avale impugnaciones contra la Ley Número 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. (paginapolitica)

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