Federalaldia
Un paso adelante en el tiempo

LOS SENADORES DE CRISTINA TRABAJAN EN UNA LEY DE INGRESO UNIVERSAL, PERO SÓLO PARA INDIGENTES

La negocia Di Tullio con las organizaciones sociales y funcionarios. Buscarán limitar el costo fiscal para pasar el filtro de Batakis.

Cristina Kirchner apoyó el salario básico universal que propone Juan Grabois pero senadores de su bloque empezaron a trabajar en una idea alternativa, que consistiría en definir un ingreso mínimo para los indigentes con un financiamiento que no complique tanto las cuentas fiscales. Podrían presentarlo en el Senado o ofrecerlo para que sea salga por decreto presidencial.

Sólo así podría pasar el filtro de la ministra de Economía Silvina Batakis, quien aseguró que no es momento de debatir un salario universal y lo dejará plasmado en su proyecto presupuesto 2023, que deberá presentar el 15 de septiembre en la Cámara de Diputados.

El año pasado su antecesor Martín Guzmán no cumplió ese ritual porque no lo invitaron. En el kirchnerismo lo responsabilizaban de haber provocado la derrota en las primarias unos días antes, por borrar planes de asistencia como el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que alcanzaba a una población similar a la que apunta el salario básico universal.

Por ahora el único proyecto fue implementar el SBU fue presentado por el diputado del Frente de Todos Itaí Hagman, que responde al frente Patria Grande, de Grabois. Cristina lo respaldó en un acto, pero por la resistencia del presidente nunca se debatió el comisiones.

Grabois lo reclamó en la manifestación del último jueves y le pidió a Alberto que aplique por decreto, porque aún si se uniera el Gobierno no será fácil convencer a la oposición.

En el oficialismo tampoco tiene mucho respaldo: en la última sesión repartieron pancartas a los diputados del Frente de Todos pero sólo 30 de los 118 la pegaron en sus bancas.

Por eso Cristina evalúa iniciar el debate en el Senado y la jefa de su bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, dialoga con ministros y organizaciones sobre una idea alternativa, que sería un ingreso a personas que no tengan como garantizar su alimento, consideradas indigentes.

No se trataría de un salario, porque entienden que sólo es posible si hay contraprestación. Y consideran que si no hay oferta de puestos de trabajo es por errores en los planes económicos y no por una crisis sistémica.

Esa sería la principal diferencia con la CTEP de Juan Grabois, uno de los ya consultados por Di Tullio. «Sabemos que están trabajando en uno y tuvimos algunas reuniones. Si avanza, veremos como viene y haremos una devolución», señalaron a LPO fuentes de la organización liderada por el dirigente.

Hubo un intercambio de borradores entre senadores cercanos a Cristina y diputados de Grabois. La iniciativa tiene un costo fiscal cercano a 2 puntos del PIB pero puede reducirse si sustituye planes sociales.

En el kirchnerismo habían mantenido en reserva las gestiones de Di Tullio, pero se filtraron el mismo día de la marcha. La senadora ya se reunió con organizaciones, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y de la Anses, que debería cruzar datos para definir el alcance de los beneficiarios.

La idea sería reducir los beneficiarios a los indigentes y darles un aporte individual similar al que establece el proyecto de Hagman, que es la canasta básica alimentaria, hoy en el orden de 14 mil pesos.

De ningún modo se consideraría un salario, porque no hay contraprestación directa, aunque el proyecto de Cristina podría incluir una auditoría de las cooperativas vigentes para determinar cuanto dinero llega a los beneficiarios. Esa es su pelea con el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico.

Recién cuando defina el universo de beneficiarios, Di Tullio planea revisar los números con el Ministerio de Hacienda y estudiar si el costo fiscal es restrictivo.

Espera llegar a ese momento con un impacto mucho menor al de Hagman, que oscila los 2 puntos del PIB. Puede reducirse a la mitad si se reemplazan algunos planes sociales y se considera la recaudación por impuestos al consumo posterior.

Pero no tiene esas cuentas claras y los beneficiarios podrían llegar a 7.5 millones. Serían los desocupados, los trabajadores agrarios o de casas particulares, los inscriptos en la categoría A del monotributo y asalariados que reciban ingresos similares, aunque en estos dos últimos casos recibirían la mitad del beneficio.

Deberían finalizar estudios primarios y/o secundarios; talleres de formación profesional y capacitación laboral, de orientación laboral, de profesionalización del trabajo doméstico, o de desarrollo de actividades socio comunitarias.

Cristina sabe que de ninguna manera pasará el filtro de Hacienda, pidió creatividad para reducir el impacto al mínimo y dejar a Batakis sin chances de negarse. Sabe que el presidente puede congelar leyes que no le gusten impulsadas por ella, como la que aumenta las excepciones al secreto bancario y Migue Pesce consideró un riesgo de corridas bancarias.

Pero cuando se debata el presupuesto y sus partidas para servicios sociales, una de las más altas, la no inclusión de un ingreso básico universal será parte inevitable de las discusiones.

La vía del decreto parece la más sólida porque por ahora la oposición no respalda el proyecto de Hagman y mirará con lupa cualquier iniciativa que se le parezca.

«El proyecto alcanza a 7.5 millones de personas. En Argentina no hay esa cantidad de planes. El potenciar trabaja alcanza 1 millón. Podría haberlos si se reemplazan también los planes de las provincias, pero sería otro debate», le bajó el tono Martín Tetaz, de Evolución Radical, en dialogo con DTV.

Todos esos números llegarán en el presupuesto de Batakis, que debería corregir algunas de la variables que Guzmán presentó en su avance el 30 de junio, unos días ante de renunciar.

Ese informe, de 70 páginas, prevé un crecimiento del PIB de 3% para 2023, que incluye un crecimiento del 3,2% en el consumo privado, del 4,8% en la inversión, del 8,1% en las exportaciones y del 5,6% en las importaciones. Proyecta un tipo de cambio nominal a 223,5 pesos en diciembre de 2023, de 310 para 2024 y 407,9 para 2025.

Y, el dato más polémico, una inflación del 57% final para este año, para lo que será necesaria una desaceleración respecto al primer semestre, cuando alcanzó el 36%. Prevé además que sea de 50% en 2023, 44% en 2024 y 33% en 2025. Batakis deberá recalcularlo en su presupuesto. Y definir si cumple las metas fiscales del FMI y para eso cuanto gasta en ayuda social. Y cómo. (LPO)