El gremio docente en medio del reclamo de unos 500 maestros de diferentes provincias durante una «sentada» realizada frente a Plaza de Mayo, pidieron una audiencia con el presidente Mauricio Macri en demanda de una paritaria nacional, entre otros reclamos. El acto se llevó en momentos que se difundió un fallo de Cámara que rechazó la convocatoria nacional.
Los maestros se concentraron a las 7:30 en Bolívar y Avenida de Mayo, a unos cien metros de la Casa Rosada dado que no pudieron acercarse por el vallado policial que desde hace varios años divide a la Plaza de Mayo. Esta vez un operativo policial con carros de asalto apostados en inmediaciones de la plaza reforzaron el vallado para impedir que los manifestantes pudieran acercarse por las calles Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.
Con cánticos y bombos, los docentes pidieron a la administración de Mauricio Macri que dé marcha atrás con su decisión de eliminar la paritaria nacional que, en una negociación, establecía un salario mínimo de referencia para las provincias.
También los maestros provenientes de las 24 provincias se expresaron por una nueva Ley de Financiamiento Educativo que mejore las partidas del Presupuesto nacional destinadas a las escuelas públicas.
En ese contexto, Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) se trasladó a la Casa Rosada junto al secretario adjunto, Roberto Baradel, quienes entregaron la carta a través de las rejas de la sede gubernamental a personal de mesa de entradas.
En uno de los párrafos de la solicitud, los docentes remarcaron «los techos salariales impuestos por el gobierno nacional, que han agravado los conflictos provinciales», subrayando la situación de Chubut, Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos y Tierra del Fuego.
Alesso, en declaraciones a la prensa dijo que los maestros se expresaron también contra «los techos salariales que quieren imponer el Gobierno nacional y las administraciones provinciales». La conducción de CTERA se acercó a la Casa Rosada para entregar una carta al Presidente Macri «exigiendo solución a los graves problemas educativos».
Los sindicatos docentes bonaerenses concretaron ayer el cuarto paro del año en reclamo por una mejor oferta salarial y señalaron que la medida de fuerza tuvo un adhesión del 90%, mientras que el gobierno provincial sostuvo que fue sólo del 39%.
El reclamo de paritarias nacionales se dio luego de que días la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó una medida cautelar a través de la cual el sindicato Unión de Docentes Argentinos (UDA), reclamaba la convocatoria a una paritaria nacional.
Según el fallo, «solo corresponde evaluar si ha existido o no un acto u omisión de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta por parte del Estado Nacional. Y se impone la respuesta negativa al interrogante planteado por varias razones».
Para la Cámara, el Estado Nacional «no resulta empleador de los docentes», por lo cual «la negociación (salarial) se debía instar a nivel jurisdiccional, es decir en los estados provinciales».
Además, recordó que por un acuerdo celebrado el 25 de febrero de 2016, se fijó el piso mínimo del salario de los docentes (que rige actualmente a nivel nacional) «con cláusula de ajuste automático que declara innecesaria la discusión en forma periódica», es decir, a través de paritarias.
«Y si oportunamente se pactó en dicho Acuerdo que, a partir de dicha paritaria, el salario docente no podrá ser menor a un 20% por encima del salario mínimo y que si ello ocurriere, automáticamente debería actualizarse, la suerte del reclamo está echada», de acuerdo con el texto judicial.
La Cámara consideró, además, que existió «una suerte de acuerdo gremial por el cual se fijó un piso a nivel nacional, para que luego, cada provincia negocie en el ámbito jurisdiccional a tenor de las circunstancias reales y propias de cada una de ellas».
En consecuencia, indicó: «no puede hablarse de yerro en el razonamiento de la Señora Magistrada de la anterior instancia, sino que la Jueza valoro, correctamente, las Actas de la UDA de fechas 2015 y 2016 que fijaron las pautas salariales hacia el futuro».
Con esta postura, el tribunal aclaró que «si bien en todo amparo está vigente la necesidad de hacer prevalecer el armazón constitucional, esta excepcional acción no revela una ilegalidad manifiesta de la conducta estatal que amerite su procedencia».