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VARISCO VA A JUICIO POR NARCOTRÁFICO

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El juez federal Leandro Ríos rechazó los planteos de nulidad y elevó a juicio la causa donde se investiga al intendente de Paraná por presuntas vinculaciones con la organización narcocriminal encabezada por Daniel Celis.

El año electoral, parece, tendrá a los candidatos con una agenda cargada en los tribunales. El martillo judicial, en este caso, no distingue de banderías políticas.

El juez federal Leandro Ríos clausuró la investigación y elevó a juicio la causa donde se investiga al intendente Sergio Varisco por su presunta vinculación con la organización narcocriminal encabezada por Daniel Andrés Celis.

El jefe comunal está acusado por el financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes; del mismo modo que el concejal Pablo Hernández, la ex funcionaria y policía provincial Griselda Bordeira y el agente de tránsito Alan Nicolás Viola, señalados como nexos entre Varisco y Celis.

La misma resolución adoptó el juez respecto de otros familiares de Celis que integraban la organización: su ex pareja Luciana Ernestina Lemos, su hermano Eduardo Humberto Celis, su sobrino Nahuel Jonatan Eduardo Celis; al igual que Juan Manuel Gómez y Jonathan Jesús Heintz, señalados como vendedores al menudeo; y Wilber Figueroa Lagos, un ciudadano de nacionalidad peruana que oficiaba de nexo entre Celis y su proveedor, trasladando la droga desde la Ciudad de Buenos Aires a Paraná.

Acuerdo político

En primer lugar, el magistrado rechazó todos los planteos efectuados por los abogados defensores: rechazó el pedido para que se declare la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio del fiscal Carlos García Escalada; la pretensión de que la investigación estaba “incompleta” y que restaba la producción de algunas pruebas; y tampoco hizo lugar al pedido de sobreseimiento de los imputados.

En cuanto al funcionamiento de la organización narcocriminal, el juez cree que Daniel Tavi Celis financiaba la comercialización de cocaína con fondos públicos que le garantizaba el intendente a partir de un acuerdo político –del que también participaban Hernández, Bordeira y Viola– que habría sido una especie de continuidad de la relación que tuvieron durante la campaña electoral de 2015 en la que Varisco resultó electo como intendente, y con recursos propios generados por la venta de droga.

La investigación se sostiene en gran parte por las escuchas telefónicas recogidas durante varios meses de investigación. En ellas surge ese “acuerdo político” que Celis y Varisco habrían refrendado en septiembre de 2017. Pero también se asigna un gran valor a las declaraciones de Luciana Lemos, la ex pareja de Celis, a las que destaca por “el grado de detalle” y porque “se esforzó por indicar de modo preciso datos, circunstancias y sucesos reales”, a diferencia del resto de los imputados, expuso el magistrado en el auto de remisión de la causa a juicio, al que accedió Página Judicial.

Incluso resaltó que de los dichos de Lemos “surgieron una serie de elementos racionales tendientes a corroborar las valoraciones (…) en relación al delito organización y financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes, el peculado y la propia comercialización del tóxico, profundizándose sobre otros eslabones (actualmente prófugos en otras jurisdicciones) y ciertas modalidades operativas de los procesados”. Se refiere, concretamente, al proveedor de Celis, un ciudadano de nacionalidad peruana identificado como Johan Edgardo Arias Quintana, alias Mayordomo.

Según dijo, unas de las funciones de Lemos era mantener abierto el contacto entre Celis y Varisco, a través del concejal Hernández y la policía Bordeira, en lo referido a los pagos de dinero y entregas de cocaína. Para eso tenían un sistema de comunicación oculto que la propia Lemos reconstruyó en detalle. La importancia de ese ingenioso mecanismo “radica en la modalidad descripta por Luciana Ernestina Lemos para que no queden registradas las visitas a Daniel Andrés Celis”, explicó el juez.

El jefe y organizador de la banda narcocriminal era Tavi Celis, que coordinaba las adquisiciones de la droga por teléfono desde su celda en la cárcel de Federal y luego la distribución y venta de la cocaína; también dirigía a sus asistentes y colaboradores e impartía órdenes relativas a la ejecución del acuerdo político con Varisco, como así también a la compra y traslado de la droga, el control de cantidad y calidad, resguardo, precios de venta y modalidades de pago.

El financiamiento

En la hipótesis del juez, la organización se financiaba con fondos públicos, mediante aportes de dinero y distintas modalidades de contrataciones simuladas a personas allegadas al líder narco. Se apoya en un informe elaborado por peritos de la División Lavado de Activos de Policía Federal del que surgirían “ciertas inconsistencias sobre la marcha regular del dinero público municipal”.

Uno de los modos de financiamiento de la banda, sospecha el juez, era a través de contrataciones de publicidad y, a modo de ejemplo, menciona que “las páginas web www.periódico.info y www.ahoraparana.info (en las cuales Ángela Pineda y Jésica Joana Blanco habrían certificado la pauta publicitaria del municipio a través de Griselda Noemí Bordeira) no son páginas que puedan ser verificadas como auténticas, así como tampoco todo lo referente a enlaces de contacto, ya que ninguno de los mismos lleva a un contacto verificable”. Ángela Pineda es la madre de Bordeira y ambas son contratadas por el municipio.

Del mismo modo, el magistrado hace notar la asignación de publicidad a jubilados, a una empresa cuya actividad principal es la “fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación”, a un comercio dedicado al “diseño especializado y venta al por menor de prendas y accesorios”; menciona “que existe duplicación en cuanto a número de orden de pago y expediente de autorización” y otras “inconsistencias”.

Este informe ha sido severamente cuestionado por la defensa del intendente Varisco.

Al respecto, el juez Ríos sostuvo que “la instrucción tiene como finalidad reunir los elementos probatorios útiles para fundamentar la acusación en contra de las personas imputadas” y “esta etapa procesal es preparatoria del juicio oral y público”, donde deberá dilucidarse la responsabilidad de cada uno. (paginajudicial)