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DESAPARECIDO: 43 AÑOS DESPUÉS, UNA JUEZA FALLÓ QUE PAPETTI NO SE FUGÓ

En la sentencia de la causa Área Paraná II, que se conoció este jueves, se hizo justicia por el concordiense desaparecido en 1977.

La jueza Beatriz Aranguren condenó a ocho represores por delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto del segundo genocidio nacional, ocurrido entre 1975 y 1983, en la denominada causa Área Paraná II. Sin embargo, dispuso que cinco de ellos permanezcan en libertad, a pesar de las elevadas penas que les impuso y de la gravedad de los delitos.

La lectura del veredicto se realizó en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones, sin presencia de público –solo las partes, todos con barbijo–, como una medida preventiva en el contexto de la pandemia por el coronavirus (COVID-19). Tampoco estuvieron los represores, a quienes el sistema les permite no participar ni exponerse ante las víctimas.

Ocho represores fueron condenados por secuestros, tormentos, vejaciones, apremios ilegales y severidades cometidos entre 1976 y 1977 contra veintidós víctimas, entre ellas, el soldado Jorge Emilio Papetti, asesinado y desaparecido.

Los ex militares José Anselmo Appelhans y Naldo Miguel Dasso fueron condenados a prisión perpetua por el secuestro, torturas y homicidio del soldado Papetti; mientras que Gonzalo López Belsue recibió una pena de ocho años de prisión y, en su caso, la jueza dispuso que continuara en libertad hasta que la sentencia quede firme.

La jueza dispuso, además, que se abra una investigación para determinar quién más intervino en la desaparición del soldado Papetti; e investigar el secuestro y las torturas contra tres militantes peronistas de Concordia.

El resto de las condenas quedaron lejos, muy lejos, de las expectativas: el ex militar Jorge Humberto Appiani recibió una pena de trece años de prisión por el secuestro y torturas de nueve víctimas; Alberto Rivas fue condenado a siete años de prisión por el secuestro y aplicación de vejaciones, severidades y apremios ilegales contra cinco víctimas; Guillermo Quintana fue condenado a nueve años de prisión como partícipe del secuestro y torturas de cinco personas; la ex carcelera Rosa Susana Bidinost fue condenada a cinco años de prisión como partícipe de la aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales de una mujer; y el médico Hugo Mario Moyano fue condenado a ocho años de prisión como partícipe de las torturas que sufrió una mujer.

El fallo provocó indignación entre los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la represión ilegal, sobre todo por la decisión de la magistrada de mantener en libertad hasta que la sentencia quede firme a López Belsue, Quintana, Rivas, Bidinost y el médico Moyano; y fue inmediatamente apelado por los abogados querellantes.

Appelhans también fue condenado por la imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales de otras trece personas; mientras que Dasso y López Belsue fueron condenados por la privación ilegítima de la libertad y la aplicación de vejaciones, severidades y apremios ilegales de dos personas que habían sido secuestradas junto con el soldado Papetti.

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