Caso Vialidad: La fiscalía solicitó cuatro años de prisión efectiva para Rodríguez y Kemerer

Los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa cambiaron lo que era la acusación original y disminuyeron el pedido de pena para los ex funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Si bien habían asegurado que iban a solicitar siete años, al final del juicio y en el marco de los alegatos de parte, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaron cuatro años de prisión efectiva para Jorge Rodríguez y Néstor Kemerer, más la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

A su vez, aseguraron que no encontraron pruebas suficientes para mantener la acusación a Mario Heyde y solicitaron su absolución. Luego llegó el turno a cargo de la defensa de Miguel Cullen, Fernanda Vázquez Pinasco, Guillermo Vartorelli y Javier Martínez, quienes solicitaron la absolución de culpa y cargo de los acusados por no haber existido delito alguno: “No existe ningún delito en el marco de la creación de esta escuela”, aseguró Cullen.

Los representantes del MPF cambiaron durante las audiencias y bajaron la pena solicitada para dos de los tres imputados en la causa que investiga el delito de peculado en el marco de la creación de la escuela pública de gestión privada Nº 235 Heraclia Ruíz Díaz bajo la órbita de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). En sus alegatos de apertura, los fiscales habían adelantado que pretendían siete años de prisión efectiva para Jorge Rodríguez (ex director de la DPV), Néstor Kemerer (ex director del área de Mantenimiento y Suministro de la DPV), mientras que para Mario Heyde (ex subdirector de la DPV) pretendían la pena de tres años de prisión condicional. Pero esto fue modificado y los fiscales solicitaron este lunes que se absuelva a Heyde y cuatro años de prisión efectiva para Rodríguez y Kemerer.

En la jornada de alegatos de parte, la defensa solicitó la absolución de los tres imputados “por no haber delito”.

La acusación fiscal

“Hemos logrado probar los delitos. Esto es independientemente del reconocimiento expreso que realizaron los imputados. La prueba que hemos recopilado ha logrado demostrar la intervención de los imputados en los hechos”, comenzó expresando Yedro ante el tribunal.

Según la teoría del caso del MPF, las maniobras que permitieron la realización de la escuela habrían superado los cuatro millones dieciocho mil pesos que originalmente estaban destinados para gastos de la DPV y que según los fiscales “fueron sustraídos de la órbita del patrimonio público para un fin privado”. Ese fin privado es la escuela en cuestión.

Los fiscales aseguran que se ocultó el financiamiento de la escuela. Yedro y Cánepa aseguraron que el pago de los salarios docentes con fondos de la DPV, el reacondicionamiento y posterior entrega a comodato del galpón donde funciona la escuela, fue encubierta por los dos acusados que “tenían cabal conocimiento del ilícito” y que el móvil de la actuación de los ex funcionarios habría sido el fomento de sus carreras políticas.

“El Tribunal de Cuentas le advirtió a la DPV que no podían crear una escuela. Rodríguez admitió que la Ley Nacional de Tránsito que autoriza a instruir la educación vial en todos los estamentos educativos. Sin embargo, cuando vamos al texto de la ley provincial que adhiere a la ley nacional, vemos que efectivamente establece que es el órgano responsable de la comprobación y aplicación de algunos artículos de la ley. De ninguno de esos artículos surge que la DPV tenga facultades para crear una escuela o un instituto educativo de ningún tipo. Tampoco surge de la ley de la creación de la DPV. No surge de ningún lado que la DPV pueda tener un establecimiento educativo”, expresó Yedro.

En esa línea, agregó: “La DPV no puede tener una escuela: estudiar, proyectar, planificar y concluir obras viales, eso dice la norma. Cuando se habla de estudiar y capacitar se refiere a las obras viales y a la capacitación laboral. Además, lo llamativo es que el propio Kemerer (septiembre del 2014) le respondió al TdC, donde hizo un reconocimiento expreso sobre la facultad y competencia para realizar una escuela ¿cómo se explica que él y Rodríguez hayan destinado más de cuatro millones de pesos para la creación de una escuela privada?”, aseguró.

La representante del MPF, destacó: “No cabe más que concluir y entendemos que ha demostrado que el proyecto de educación de la escuela no fue el de acompañar el reclamo de los padres, sino que fue parte de un proyecto político de Kemerer y Rodríguez dentro de la estructura de la DPV y de esa manera perpetuarse en el poder. Además, de tener resonancia nacional y provincial”. En este contexto, se hizo referencia a un testimonio de una integrante de la comunidad educativa que confirmó la presencia en actos políticos del gobierno nacional de turno.

Además, aseguró que “no surge del proyecto educativo original que la educación vial sea un eje transversal de la escuela” como han señalado los testigos en la causa.

En relación a la celeridad del proyecto, los fiscales aseguraron que la misma fue producto del interés de los ex funcionarios y de un vínculo de amistad entre Rodríguez y la ex titular del CGE, Graciela Bar. “Presentaron un proyecto totalmente incompleto, en el cual le faltaban más de la mitad de los items que refiere la resolución 240 del CGE. ¿Cuál era el apuro de aprobar un proyecto sin datos esenciales?”, se preguntaron los fiscales.

“Si la escuela sale rápidamente es por obra de los imputados. Era una buena oportunidad para Kemerer y Rodríguez mostrarse ante sus pares como gestores de esta escuela, el mismo día que homologaron el acuerdo que establece el jardín maternal. Graciela Bar aprobó rápidamente el proyecto porque tiene un vínculo cercano a Rodríguez. Esto quedó comprobado en una nota periodística, donde ella misma manifestó: ‘Con mucho gusto, mi último acto institucional, lo comparto con un amigo el ingeniero Rodríguez que tanto le da a la provincia’”, agregó Yedro.

Según la tesis de la fiscalía, los dos acusados “se manejaron como dueños de la escuela”. “La propia escuela lleva el nombre de la propia madre de Kemerer. Queda claro que se usaron dineros de la DPV para una institución privada”, aseguró la fiscal. (recinto.net)