El oficialismo, en la voz del radical López, dijo que “la Provincia carece de una política clara en el manejo de los inmuebles de su propiedad. Esto ha hecho que se fueran creando distintos organismos para administrar los bienes inmuebles del Estado, a veces otorgándole facultades que se superponían entre sí”. Stratta, por su parte, subrayó que la Legislatura, con la aprobación de esta ley “está cediendo facultades” y, si bien compartió que hay dispersión normativa y superposición de funciones, sostuvo que “crear un megaorganismo con megafunciones sin contralor del Estado, no estaría siendo el camino que pregonan”.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper). El peronismo no acompañó por considerar un retroceso a la decisión de autorizar la venta de bienes del Estado provincial sin la intervención de la Legislatura. Tampoco acompañaron cuatro diputados electos por La Libertad Avanza.
El radical Marcelo López, que preside la comisión de Legislación General, fundamentó la iniciativa del Poder Ejecutivo para la creación de la agencia, como organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación, con autarquía económica financiera, y con capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado. Esta iniciativa fue revelada por Página Política, lo que generó polémica en la oposición.
“La Provincia carece de una política clara en el manejo de los inmuebles de su propiedad. Esto ha hecho que se fueran creando distintos organismos para administrar los bienes inmuebles del Estado, a veces otorgándole facultades que se superponían entre sí”, introdujo.
El legislador oficialista afirmó que “se provocaron cuantiosas pérdidas por la cantidad de inmuebles ociosos que estimamos tiene el Estado, que podrían haber generado una renta o se le podría haber dado uso para organismos que están alquilando. Decimos estimamos, porque no existe un inventario preciso”.
Luego se refirió a lo que fue la razón central por la que el peronismo y diputados electos por LLA no acompañaron la iniciativa: las dudas respecto a la constitucionalidad de que el Ejecutivo pueda disponer de bienes inmuebles sin autorización legislativa. Ante esto, López dijo que se pidió dictamen a la Fiscalía de Estado, la que aclaró que se puede proceder de esta manera con los bienes de dominio privado –no así los de dominio público– tal como se establece en el proyecto.
Tras la sesión, la bancada oficialista emitió la siguiente declaración en la que resume sus argumentos a favor del proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio:
El Estado volverá a tener derechos y dominio sobre sus propios bienes
En el recinto, la presidenta del bloque peronista, Laura Stratta dijo que “además de jurídico, el debate es político. Esta Legislatura está cediendo facultades a este organismo. Compartimos que hay dispersión normativa y superposición de funciones, pero crear un megaorganismo con megafunciones sin contralor del Estado, no estaría siendo el camino que pregonan”.
A su turno, el diputado peronista Juan José Bahillo juzgó que eliminar la intervención de la Legislatura es “retroceder en términos institucionales”. “Es nada más que eso, en lo demás estamos de acuerdo”, precisó y acotó: “El gobernador puede otorgar concesiones, comodatos, lo único que está impedido es a la venta. Queremos que esa facultad siga en cabeza de esta Legislatura”.
Carlos Damasco (Fe y Libertad) anunció su voto en contra, por entender que “se eliminan facultades de esta Legislatura”, y lo mismo hizo Roque Fleitas, en nombres de su bloque La Libertad Avanza. En cambio, Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) votó a favor.
La radical Gabriela Lena insistió con la constitucionalidad de la iniciativa, a partir de la reforma de la Constitución Provincial de 2008, y la existencia de controles por parte del Tribunal de Cuentas.
También se expresó a favor el radical Fabián Rogel, aunque advirtió que “en principio apuesto a la legalidad, a la honestidad y, si no, lo voy a hacer saber en tiempo y forma”.
Los argumentos peronistas
Desde el bloque peronista se subrayó que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, propone la creación de esta «superestructura» que surge de la disolución de organismos -como la Dirección de Tierras Fiscales o la Unidad de Control de Inmuebles de la Fiscalía de Estado- para permitir la creación de la agencia en la que el Ejecutivo tiene la facultad de designar a todas las autoridades, encabezadas por un presidente que “tiene amplias facultades, y para cuya designación no se establecen requisitos específicos atendiendo a que tendrá a su cargo decisiones de relevancia económica”.
Precisaron que esa relevancia económica se expresa en el artículo 3°, donde se indica que la agencia tendrá a su cargo “la promoción del desarrollo económico, productivo, social y ambiental, y la generación recursos económicos, a partir de operaciones inmobiliarias sobre los inmuebles bajo su administración y los que oportunamente adquiera”.
Stratta se quejó de que el proyecto “no fue debatido; sí tratado, pero no debatido. Hubo dos reuniones con representantes del Ejecutivo con los que dialogamos, pero lo cierto es que al proyecto le faltó tiempo y debate”, indicó y luego señaló que el miembro informante del oficialismo (Marcelo López) durante su exposición “se centró en lo jurídico, pero el debate es político. La Legislatura cede facultades, y si hablamos de transparencia, eso hace ruido”, apuntó, recordando que durante las reuniones de comisión los legisladores del oficialismo habían manifestado las mismas prevenciones.
“Esta ley le saca facultades a esta legislatura y eso me parece un retroceso enorme, es menos calidad institucional, una bandera que el oficialismo suele enarbolar”, remarcó la legisladora.
Stratta añadió: “Compartimos los argumentos de la dispersión normativa y de la superposición de funciones sobre las que hay que avanzar. Estamos de acuerdo en construir un estado eficiente e inteligente. Un Estado que haga las cosas bien. Pero este megaorganismo con amplias funciones y sin contralor claramente no es el camino (…) el nivel de poder del organismo genera riesgo de abuso o discrecionalidad excesiva y eso no es bueno ni para este gobierno, ni para el que venga”.
También indicó que en el proyecto “se menciona la promoción del desarrollo social, económico y ambiental, pero no hay indicaciones claras de cómo se asegurará que dichas acciones no afecten negativamente a comunidades vulnerables o el ambiente. No queda nada claro cómo se hará para garantizar que las decisiones inmobiliarias no afecten derechos fundamentales, especialmente áreas rurales o zonas protegidas. Se mencionan las fuentes de ingresos de la agencia, pero sería útil definir con mayor precisión cómo se controlarán los ingresos y su asignación”.
También explicó: “No se aborda cómo la Aabiper evitará la enajenación indiscriminada de bienes que forman parte del patrimonio histórico o cultural de la Provincia. Habíamos sugerido una cláusula que proteja este tipo de bienes y que restrinja la venta de inmuebles con valor patrimonial, pero no fue tomada en cuenta”.
Tras la intervención de legisladores oficialistas argumentando que las decisiones de la nueva agencia serán examinadas por los organismos de control del Estado provincial, el diputado Juan José Bahillo indicó: “No discutimos los organismos de control. Lo que decimos es que la Legislatura tiene una facultad en el proceso de enajenación o venta de inmuebles, que es la intervención previa de la Legislatura, y nos parece sano. Es una discusión política, no jurídica, sobre el rol que le corresponde a la Legislatura”, enfatizó.
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