El conflicto laboral en el municipio de San Jaime de la Frontera ha llegado a una conclusión que deja un fuerte impacto en la administración local. La Justicia ha ratificado una sentencia que obliga al municipio a indemnizar a dos ex trabajadoras, Romina Corradini y Cecilia Vargas, con alrededor de 40 millones de pesos cada una, más los honorarios del abogado. Además, ambas deberán ser reincorporadas a sus puestos de trabajo.
Las trabajadoras, quienes habían ingresado durante la gestión de Antonio Rodríguez, trabajaron cuatro años «en negro» y continuaron en la misma condición durante la administración de la actual intendenta, Miriam Díaz (Foto). Corradini denunció violencia y discriminación laboral, un reclamo que fue ratificado por los tribunales en todas las instancias.
Díaz había apelado el fallo de primera instancia de agosto pasado mediante un recurso de inaplicabilidad, argumentando irregularidades en la interpretación de las leyes aplicables. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Concordia rechazó la apelación al considerar que no cumplía con los requisitos técnicos y formales necesarios para proceder.
La polémica escala
La resolución judicial no solo dispone la compensación económica y la reincorporación de las trabajadoras, sino que también ordena a la intendenta Díaz participar de un curso obligatorio sobre la Ley Micaela, que busca erradicar la violencia de género. Este curso deberá ser realizado de manera presencial y pública.
De manera no oficial, se dijo a un cronista de 7Paginas, que Corradini y Vargas planean presentar una acción para que la intendenta asuma la responsabilidad patrimonial de la deuda, argumentando que su accionar perjudicó al municipio de manera personal. Este hecho es particularmente relevante en una localidad pequeña del departamento Federación, donde los recursos son limitados.
A esto se suma el cuestionamiento ético hacia el abogado defensor del municipio, hermano de la intendenta, quien llevó adelante las apelaciones hasta la última instancia, sin éxito.
Fundamentos del fallo
Segun lo observado por 7Paginas, el tribunal basó su decisión en el Convenio 190 de la OIT, que protege a los trabajadores contra la violencia y el acoso laboral. Además, determinó que la Municipalidad estaba en mejores condiciones para presentar la documentación laboral que demostrara lo contrario, algo que no fue realizado.
El caso deja un precedente importante no solo para San Jaime, sino para toda la provincia de Entre Ríos, al destacar la necesidad de cumplir con las normativas laborales y proteger los derechos de los trabajadores.
Con una deuda millonaria y un fallo contundente en contra, la gestión de Díaz enfrenta un futuro político complicado, mientras las trabajadoras esperan que se haga justicia en su totalidad.
Redaccion de 7Paginas