El estratega digital de Milei forma parte de una lista de 37 acusados por intento de golpe de Estado contra Lula, que también integra Jair Bolsonaro. Los delitos prevén penas de hasta 30 años de prisión.
La Policía Federal de Brasil concluyó la investigación contra los acusados de organizar un intento de golpe de Estado tras el triunfo de Lula, que incluyó la planificación de su asesinato. La investigación policial determinó que existe suficiente evidencia para abrir un proceso judicial contra 37 implicados en la trama, entre los que aparece Fernando Cerimedo, dueño de La Derecha Diario y estratega digital de Milei.
El pedido de acusación de la Policía Federal a los fiscales federales que investigan el caso incluye a Jair Bolsonaro, el único presidente de la historia brasileña acusado de golpista. Los delitos por los que están acusados son intento de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de estado y organización criminal, que contemplan penas que pueden llegar a los 30 años de prisión efectiva.
La decisión de la Policía Federal, contenida en un documento de 884 páginas que fue remitido a la Corte Suprema, monopolizó la agenda de los medios en Brasil, que también destacaron la participación del «argentino» Cerimedo en la trama acusada de golpista. El caso también llegó a la portada de los principales sitios de noticias del mundo.
Además de Bolsonaro, también están en el listado el general Walter Souza Braga Netto que fue jefe de Gabinete y el poder real del gobierno de Bolsonaro y el general Augusto Heleno, que fue ministro de Seguridad y la otra pata del ala militar del bolsonarismo.
En esa lista de 37 imputados aparece Cerimedo, que como anticipó LPO en febrero, para la Policía Federal brasileña formó parte del llamado Oficina del Odio cuya misión era difundir noticias falsas sobre el funcionamiento del sistema de votación para instalar la idea de un supuesto fraude, como justificativo de un golpe de Estado. Cuando LPO reveló su situación en exclusiva, Cerimedo recorrió canales de televisión para decir que la información publicada era una «mentira» de este medio y afirmó que estaba sobreseído.
El grupo investigado actuó a través de milicias digitales para amplificar a través de multicanales la idea de que las elecciones presidenciales fueron fraudulentas, animando a sus seguidores a «resistir» en frente a cuarteles e instalaciones de las Fuerzas Armadas y crear el entorno adecuado para la intervención federal comandados por fuerzas militares.
El caso ahora queda en manos de los fiscales que según explicó a LPO una fuente al tanto del proceso, podrían dictar imputaciones y procesamientos alrededor de marzo del año que viene y la Corte Suprema estaría en condiciones de dictar su fallo en el segundo semestre.
El documento de la Policía Federal analiza la conducta de Cerimedo y afirma que «el grupo investigado incluso actuó a través de milicias digitales para repercutir y amplificar a través de multicanales la idea de que las elecciones presidenciales fueron fraudulentas, animando a sus seguidores a «resistir» en frente a cuarteles e instalaciones de las Fuerzas Armadas y crear el entorno adecuado para la intervención federal comandados por fuerzas militares».
«Los ataques al proceso de votación electrónica no comenzaron después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. El grupo ahora investigado, desde 2019, utilizó el modus operandi desarrollados por la autodenominada GDO («Oficina del odio») para propagar la idea de vulnerabilidad y fraude en sistema de votación electrónica del país», agrega el documento.
La Policía Federal destacó que «Cerimedo utilizó los mismos argumentos falsos creados por los hackers», citados en una conversación sostenida entre Mauro Cid (el arrepentido que aportó toda la información para la investigación) y Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros. Acusa además al asesor de Milei de haber armado [un Google Drive donde accedían a los archivos que contienen la grabación de la transmisión en vivo y la versión editada del video, para facilitar la difusión de noticias fraudulentas y amplificar la desinformación ilícita».
Luego de la acusación de la Policía Federal, ahora el proceso queda en manos de la Fiscalía General que es quien tiene que decidir si acusa a los imputados que, eventualmente, podrían terminar procesados acusados de atentar contra el orden constitucional de Brasil. Por esa causa, la justicia ya le retuvo el pasaporte a Bolsonaro, que no puede dejar el país.
Según pudo saber LPO con fuentes cercanas a la causa, el proceso de imputación formal podría resolverle en febrero o marzo y a partir de ahí, será la Corte Suprema la que finalice el juzgamiento que podría darse en el segundo semestre de 2025.
Una fuente que conoce al dedillo el sistema judicial de Brasil explicó a LPO que las miradas están ahora sobre el Procurador General, Paulo Gonet, un juez que apoyó la Operación Lava Jato pero que pudo mantenerse en el cargo gracias a un acuerdo con Lula.
Un funcionario judicial de Brasil explicó a LPO que las miradas están ahora sobre el procurador General, Paulo Gonet, un juez que apoyó la Operación Lava Jato pero que pudo mantenerse en el cargo gracias a un acuerdo con Lula.
El proceso termina en la Corte Suprema y fue el juez de ese tribunal, Alexander De Moraes el que dio luz verde para el inicio de esta investigación. Esto, según analistas brasileños refuerza la idea que la causa avanzará y los acusados podrían terminar procesados y condenados. De Moraes suele ser blanco de la furia tuitera de Cerimedo y es quien lideró la pelea de la justicia brasileña contra el dueño de esa red, el billonario Elon Musk.
La decisión de la Policía Federal se da cuando Brasil sigue conmocionado por el intento de asesinato de Lula que detectó la Policía Federal como parte de la conspiración para propiciar un golpe de Estado, tras el triunfo electoral del líder del PT.
El hecho que activó la decisión de la Policía Federal de investigar esta trama fue la detención de cuatro militares que formaron parte de un plan que tenía la intención de matar a Lula y su vice Geraldo Alckmin mediante envenenamiento o utilizando productos químicos para provocar un colapso orgánico y el secuestro y ejecución de Alexander de Moraes.
El plan debía ser llevado a cabo por soldados conocidos como «Black Kids», las fuerzas especiales del ejército brasileño y tras el asesinato del candidato ganador, Bolsonaro firmaría un decreto que establecería el Estado de Defensa en Brasil para dar paso al operativo «Puñal Verde y Amarillo» que incluía una estructura organizativa para un Gabinete de Crisis liderada por Heleno Ribeiro Pereira y Braga Netto.
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