No hay un proyecto oficial. Sólo un borrador de consumo interno. En esta nota, Página Política desgrana los principales ejes de la reforma política que proyecta el gobierno de Frigerio. BUP de Mendoza, fecha de elecciones, PASO con BUP, minorías, financiamiento, impugnaciones ¿Sobrevive la Ley Castrillón? Punto por punto, la posición del Gobierno en los temas que esta semana comenzarán a debatirse con los partidos, los bloques legislativos, los intendentes y las universidades.
Es muy poco lo que se conoce sobre el alcance de la reforma política que lanzó la semana pasada el gobernador Rogelio Frigerio. Es que no hay un proyecto oficial y la idea es consensuar el contenido con el conjunto de las fuerzas políticas entrerrianas.
Pero el oficialismo tiene una posición sobre cada tema. Para conocerla, Página Política mantuvo un extenso diálogo con el secretario de Asuntos Políticos del Gobierno provincial, Julián Maneiro, que está a cargo de la coordinación del proceso de reforma política.
El funcionario anticipó los temas que a partir de esta semana se abordarán en rondas de conversaciones con las fuerzas políticas y los bloques legislativos. La semana siguiente será el turno de la Liga de Intendentes del PJ, los foros de Intendentes del Vecinalismo y de Juntos por Entre Ríos y las universidades. La voluntad de Maneiro es poder presentar un proyecto consensuado antes de julio.
Boleta Única de Papel
Es el cambio central que se propone en el sistema de votación: reemplazar la boleta sábana por la Boleta Única de Papel (BUP). Pero el modelo preferido por los impulsores de la reforma no es el de Santa Fe o el de Córdoba, sino el de Mendoza.
La diferencia entre Santa Fe y Córdoba es que la BUP de la provincia mediterránea permite el voto por la lista completa de un partido, con sólo marcar una cruz. Más información detallada en la siguiente nota:
Con el voto por partido no se elimina por completo el efecto arrastre de la lista sábana, como ocurre en Santa Fe, donde sólo se puede votar por cargos separados en boletas diferentes de gobernador, intendentes, legisladores, etc. En Córdoba, en cambio, con solo marcar una cruz, el votante puede elegir a la lista completa de un partido o frente. O bien dejar de lado esa opción y armar su propio menú en las distintas categorías de cargo.
El efecto arrastre, entonces, se limita pero no desaparece por completo entre los cargos provinciales y municipales. Se diluye por completo, en cambio, en el caso de que las elecciones provinciales de 2027 se hicieran en forma simultánea con las nacionales, donde se seguirá votando con lista sábana. Convivirían dos sistemas distintos en un mismo acto electoral, pero no sería posible, por caso, que un presidente arrastre diputados y concejales, como pasó en 2023 con La Libertad Avanza.
La BUP de Mendoza es parecida a la de Córdoba. Pero el oficialismo prefiere la de Mendoza porque en Córdoba no hay PASO, cada partido hace su interna por separado. Y la voluntad de Frigerio es mantener las PASO, es decir la instancia de una interna simultánea a padrón abierto y de voto obligatorio.
“Nos gusta más el modelo Mendoza, pero no es que lo vamos a tomar a libro cerrado. Estamos abiertos a modificaciones o diseñar un nuevo instrumento. Siempre hay variantes dentro de los distintos modelos. Por ejemplo, Mendoza tiene muy pocos municipios, porque son tipo departamentales. Acá, en cambio, tenemos muchos municipios, comunas y juntas, más parecido a Córdoba”, aclaró Maneiro.
PASO con BUP
La idea de Frigerio es continuar con las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Pero ahora con Boleta Única de Papel (BUP).
La opción preferida es la BUP de Mendoza, porque permite el voto por partido. Para que las boletas de las primarias no sean tan grandes, la ley mendocina limita el número de precandidatos que se pueden presentar dentro de cada partido o frente.
En Córdoba también se puede votar por partido pero, como se dijo, no hay PASO. Y en Santa Fe se vota con una boleta por cada categoría de cargo, con lo cual no se puede votar por partido y la eliminación del efecto arrastre es total entre cargos provinciales y municipales.
Minorías
La representación de minorías partidarias estaba contemplada en el proyecto de reforma electoral que impulsó Bordet en 2018. Toda lista que obtuviera un piso del 15% de los votos en una interna tenía derecho a integrar la lista del partido para la elección general, en forma proporcional a los votos obtenidos.
La iniciativa, que finalmente no prosperó, planteaba en este punto una verdadera innovación, dado que la representación de minorías no está legislada en la provincia y sólo rige en algunas cartas orgánicas partidarias, como el caso de la UCR, que fija un piso de votos del 25%. Y es un reclamo histórico dentro del PJ, donde el que gana una interna se queda con todos los cargos expectantes de la lista para la general, así haya triunfado por un voto.
En el caso de los frentes electorales, sólo Cambiemos y luego Juntos por el Cambio lo incorporó, siguiendo el criterio radical del 25%, con distribución por sistema D’Hondt.
¿Va a estar en la ley? “Podría establecerse un piso de distribución obligatorio y único para todos los partidos. Pero en principio nosotros creemos que debería seguir siendo materia de definición de cada partido y frente. Es materia de debate”, respondió Maneiro.
BUP, no electrónica
En el lanzamiento de la reforma se habló de la posibilidad de incorporar tecnología al sistema de votación. Pero Maneiro cree que “no están dadas las condiciones tecnológicas, ni económicas, ni de educación cívica como para ir ya al voto electrónico”.
No obstante y aun con la BUP, “en la publicidad, la campaña, el recuento de votos se podría incorporar tecnología”, acotó el funcionario.
Fecha de elecciones
Actualmente la provincia tiene dos opciones para votar cada cuatro años: en forma separada o en conjunto con las nacionales. Es decir, optar por elegir gobernador en el mismo acto electoral en el que se vota presidente, con lo cual todos los cargos se pegan en una extensa boleta sábana. Con la BUP, como se explicó más arriba, eso va a dejar de pasar. Concretamente, no habrá más arrastre de cargos nacionales sobre provinciales como el que explicó en 2023 la cantidad de diputados o de concejales que juntó LLA gracias a que Milei encabezó la boleta sábana.
La ley faculta al Poder Ejecutivo provincial a convocar a elecciones en forma separada de las nacionales, en una fecha determinada que se ha ido cambiando según la coyuntura política. La última se fijó (en una reforma votada en diciembre de 2022) para el 24 de septiembre de 2023. Con ese cambio, la elección provincial quedaba a sólo 28 días de las elecciones nacionales del 22 de octubre y hacía virtualmente imposible, logísticamente, realizar una elección provincial en forma separada, tal como lo reveló oportunamente Página Política en una nota que anticipó la unificación electoral de 2023:
La ley vigente establece que si el gobernador no convoca a elecciones para la fecha fijada por ley (actualmente es el 24 de septiembre y en 2019 era el 9 de junio) la provincia vota, por default, gobernador en forma conjunta con presidente. Eso fue lo que ocurrió el año pasado: llegado el límite para la convocatoria a elecciones provinciales (27 de abril de 2023), Bordet no hizo nada y automáticamente se unificaron las elecciones, para sorpresa de Frigerio que esperaba un desdoblamiento.
No hay voluntad en el gobierno de cambiar este sistema, que le permite al gobernador de turno especular hasta último momento con un desdoblamiento o una simultaneidad electoral. Al menos por lo que de las intenciones oficiales depende, Entre Ríos no se encamina a votar de manera definitiva en forma separada de la nación, como ocurre en otras provincias.
“Por lo que he conversado con el Gobernador, no hay posición de modificar esto. Siempre se mantiene esta facultad de definir entre hacer la elección separada o en conjunto con la Nación”, confirmó Maneiro.
Lo que sí se va a reformar es la fecha del 24 de septiembre, por pedido expreso del Tribunal Provincial y el Juzgado Federal, para que las elecciones provinciales sean lo suficientemente separadas en el tiempo de las nacionales, que por ley están establecidas en agosto (PASO) y octubre (generales). Se buscará una fecha similar a la de 2019, con PASO en abril y generales en junio.
“Se necesita una separación de al menos 50 o 60 días entre una elección y otra para poder llevar adelante con eficacia los procesos electorales”, precisó Maneiro.
La unificación electoral implica ahorros económicos y de trabajo para la autoridad electoral. Pero en tanto Nación no incorpore la boleta única, convivirían dos sistemas electorales en la misma jornada comicial.
Campañas y financiamiento
Se pretende establecer “pautas y plazos para lograr un orden y acceso igualitario de los distintos candidatos a la publicidad de sus propuestas”. La idea es sintonizar con lo que establece el Código Nacional Electoral, donde se distribuyen de manera equitativa (no igualitaria) las pautas publicitarias en radio y TV para las fuerzas políticas.
Hoy no hay nada de eso en la provincia. “Sólo con este cambio haríamos un avance copernicano. Si además podemos ir más allá con los gastos, para mí sería mejor en términos de calidad democrática”, valoró el ex diputado radical.
El financiamiento de las campañas sólo existe para el orden nacional, con distribución de dinero para impresión de boletas de parte de la Dirección Nacional Electoral para los partidos de distrito que presentan candidatos. Es lo que va a suceder en 2025 para la elección intermedia de senadores y diputados nacionales.
Esto no está reglado en Entre Ríos para cargos provinciales. Eventualmente, se le ha dado a los partidos cuando piden una suerte de subsidio para impresión de boletas. Pero con el cambio de sistema ya no tendrán ese gasto, dado que las BUP sólo se encontrarán en el cuarto oscuro (ya no se usarán más las boletas como publicidad para tirar debajo de la puerta o para ir con el voto armado en el bolsillo) y serán impresas por el Estado.
El financiamiento se limitaría, entonces, a los espacios en radio y TV. A cargo de los partidos quedaría el resto de la publicidad y los gastos de campaña que, a juicio de Maneiro “deberían también formar parte de una rendición de cuentas que explique de dónde salen esos fondos”.
Dentro del propio Cambiemos hubo proyectos que proponían el financiamiento de los partidos políticos, como el presentado en 2018 por el entonces diputado del PRO, Esteban Vitor, que lo llevó a coincidir en este punto con el hoy presidente del PJ, José Cáceres:
¿Se avanzará en algo de esto? “Puede ser un tema. Hoy no estamos trabajando en el financiamiento de los partidos por fuera de las campañas. De hecho, ese fondo partidario existe con la vieja ley 5.170, de Partidos Políticos. Bueno, hay que dotarlo de presupuesto. Pero no nos estamos planteando esto para esta reforma”, explicó Maneiro.
Impugnaciones
“Tenemos conversado varias cosas con el Tribunal Electoral Provincial. Por ejemplo, ordenar lo que tiene que ver con los trámites de impugnación”, informó Maneiro. Se quiere evitar que se repitan situaciones como las que involucraron las postulaciones a intendente de Mauricio Davico en Gualeguaychú y Juan Carlos Darrichón, en Diamante, para resolver, por ejemplo, si hay que esperar o no a que sean candidatos para impugnar o se puede hacerlo antes de las PASO.
Hoy existe una gran laguna legal, que habilitó distintos pronunciamientos de parte de las juntas electorales y que debería ser cubierta en el nuevo código.
Limitaciones a los sellos
Con boletas a cargo del Estado y no ya de los partidos y con requisitos relativamente accesibles de conseguir en términos formales, puede darse una proliferación de sellos partidarios. Ya hoy “el lista de partidos habilitados por el Tribunal Electoral es muy grande y no se está haciendo el debido control de todos los requisitos que requiere un partido para seguir existiendo”, evaluó Maneiro.
Además de exigir las autoridades constituidas, se ajustarán los controles para que presenten las rendiciones de cuentas, mantengan el mínimo de afiliados para seguir existiendo, según sean provinciales o municipales. “No hay un registro de afiliados único. El Juzgado Federal tiene uno y el Tribunal Electoral otro. Hay que unificarlo”, precisó el funcionario.
Entre los partidos de distritos (16 partidos nacionales habilitados a presentar candidaturas provinciales) y los provinciales (cuatro que sólo pueden presentar candidatos provinciales) en Entre Ríos hay 20 fuerzas inscriptas.
En 2023, la gobernación se disputó entre cuatro fuerzas electorales, aunque el vecinalismo no superó las PASO y en la general terminaron siendo tres: Frigerio (Juntos por Entre Ríos), Adán Bahl (Más para Entre Ríos) y Sebastián Etchevehere (La Libertad Avanza). Si bien cada uno incluía varios partidos porque eran frentes, estaban lejos de cubrir a los 20.
Frentes departamentales
Es un pedido del vecinalismo: habilitar la formación de frentes electorales de alcance departamental que permitan llevar un candidato a senador. “Eso hoy no se puede hacer. Y no lo tenemos en agenda. Lo veo difícil. Será un tema de debate, seguramente lo charlaremos”, respondió Maneiro.
¿Sigue la Ley Castrillón?
Fue una reforma parcial de 2006 a la ley electoral provincial que el entonces gobernador Jorge Busti encargó al diputado Emilio Castrillón con el propósito de beneficiar en la interna peronista a quien había elegido como sucesor, Sergio Urribarri.
Una serie de exigentes requisitos para el armado de las listas –como la de contar con un mínimo de 15 senadores e intendentes en todas las cabeceras departamentales- favorecía al candidato oficial de una interna, que en este caso era Urribarri, al tiempo que las primarias abiertas le quitaban peso a los caciques territoriales de la interna. Todo esto, claro, sin representación alguna para minorías, ni dentro de la ley, ni en la carta orgánica del PJ.
Por esa razón, su retador interno, Julio Solanas (en fórmula con Enrique Cresto) compitió por afuera del PJ, presentándose directamente a la elección general del 18 de marzo de 2007. Y consiguió una representación legislativa que no hubiera obtenido si daba la interna.
La Ley Castrillón estableció primerias abiertas y simultáneas, pero sin voto obligatorio. Tampoco obligaba a presentarse a elecciones a los partidos que tuvieran lista única en la interna.
Esa normativa le jugaría en contra al propio Busti en 2011 cuando se vio obligado a competir por afuera del PJ para enfrentar a Urribarri. Y cayó en su propia trampa al no presentarse para las primaras, dado que su fuerza, el Frente Federal Entrerriano, llevaba lista única. La ausencia de Busti en esa suerte de primera vuelta electoral le restó posicionamiento y favoreció aún más las chances de Urribarri, que logró su reelección con el 56% de los votos, superando incluso el 54% de Cristina Fernández en elecciones simultáneas con las nacionales.
Para el turno siguiente, Entre Ríos buscó sintonizar con la Nación y estableció una nueva reforma a la ley provincial, con la cual las primarias pasaban a ser de voto obligatorio y también se obligaba a competir a los partidos que tuvieran lista única.
“Lo que está vigente es la Ley 2.982, del año 1934, sobre la que se hicieron distintas reformas. Una de ellas por la Ley Castrillón, a la que sucedieron otras reformas menores. Normalmente se habla de la Ley Castrillón como si estuviera vigente, pero hay que hacer un esfuerzo para ver qué es lo que sigue vigente de esa reforma”, explicó Maneiro.
-Lo que se cuestiona siempre es que dificulta la competencia interna y favorece al sector más poderoso dentro de un partido ¿Esas exigencias para el armado electoral se mantendrán con la reforma?
-Esas exigencias para presentar lista de gobernador, con lista de diputados completa y de 15 senadores sobre 17, no es un tema que esté en discusión para nosotros. Nos parece correcto. Si bien restringe un poco a sectores minoritarios dentro de una fuerza política, se entiende que para presentar una propuesta para gobernar una provincia tenés que tener un armado de peso político suficiente para sostenerlo. Eso se condice con la gobernabilidad. Si no te pasa la de Milei, un presidente sin legisladores, sin gobernadores. En la provincia sería un gobernador sin diputados, sin senadores y sin intendentes. (Página Política)