El fallo de la jueza Bacaluzzo profundiza las dudas sobre lo decido por su par Moia.
Este jueves fueron procesados los hermanos Etchevehere: Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego. La lista se completa con su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial; el empresario y dueño de Red Mutual, Walter Grenón; y su hermana, Viviana Grenón.
La jueza de Garantías Carola Bacaluzzo los acusó por el delito de vaciamiento a raíz de una denuncia que inició Dolores Etchevehere en 2013 en el marco de un proceso sucesorio. La familia del ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri y el principal aportante a la campaña de Alberto Fernández, es decir Grenón, están siendo investigados por una supuesta administración fraudulenta en la Sociedad Anónima Entre Ríos, empresa que edita El Diario.
La denunciante adelantó que va a apelar loa decisión de Bacaluzzo por el sobreseimiento de su hermano Luis Miguel en lo que respecta a la utilización de créditos tomados al banco Itaú para beneficio personal. Lo que se califica como estafa.
Entre las maniobras de vaciamiento se encuentra el traspaso fraudulento de propiedades y el desvío de créditos en dólares a tasa subsidiada por el Estado, que habían sido otorgados a para la producción de soja. Los abogados de Dolores entienden que en “la ruta del dinero” hay elementos suficientes para afirmar que esos créditos fueron utilizados para financiar el vaciamiento de El Diario.
Esta causa fue cajoneada y se activó en noviembre de 2020, cuando el militante social Juan Grabois ingresó en Estancia Casa Nueva y denunció a sectores de la política y al Poder Judicial de ser cómplices de la maniobra. A las 48 horas, el juez Carlos Ríos (fallecido posteriormente) imputó a los Etchevhere y Grenón.
Lo cierto es que lo resuelto por Bacaluzzo reconoce la actividad delictiva de los denunciados.
¿Rarezas?
En mayo de 2018, El Diario despidió sin causa y sin cumplir con indemnización alguna a 80 trabajadores. La mayoría decidió litigar y en la actualidad se encuentra con sentencia firme, luego de que la empresa no haya apelado lo resuelto en primera instancia.
Hace unas semanas Página Política dio cuenta de un episodio que enturbia el proceso judicial que se lleva adelante en el marco del concurso preventivo. El juez Civil y Comercial N° 9, Ángel Luis Moia hizo lugar a la venta de un terreno de 700 metros cuadrados en el barrio privado Puerto Urquiza en tan solo $8 millones, hasta cinco veces menos del valor de mercado.
La autorización del juez a los dueños de El Diario (Grenón fue reemplazado por Ramiro Nieto) tuvo como argumento la necesidad de los propietarios de hacerse de fondos para el pago de salarios en la empresa que, a todas luces, es inviable hace años por su inexistente incidencia en el mundo periodístico y comercial.
La sospecha es que la autorización de venta del capital inhibido forma parte de una simulación. Es decir, se están auto vendiendo a precio vil para vaciar SAER y proteger esos bienes inmuebles que hoy deberían estar a disposición para ejecutar las sentencias firmes y favorables que obtuvieron los trabajadores.
El procesamiento de Bacaluzzo incrementa el estado de sospecha de los trabajadores sobre el accionar de Moia y la demora en el proceso cuando no hay nada más para hacer que proceder a pagar las indemnizaciones fijadas por fallo judicial. (paginapolitica)