La persecución judicial tensó demasiado la cuerda. La presión popular colocó a los jueces entre la espada y la pared. Especialistas admiten que cualquiera sea la decisión, gran parte de la sociedad podría reaccionar con violencia.
“Tener a un candidato (a las elecciones presidenciales de octubre) condenado, pero que lidera las encuestas es un factor muy grave para el cocktail (de violencia); tengo la impresión de que mancha la imagen de Brasil a corto plazo», dijo este martes uno de los jueces del Supremo, Gilmar Mendes, durante un simposio en Lisboa, según recoge el diario local Estado de São Paulo.
Según consignó Agencia Sputnik, Mendes también vaticinó que sea cual sea la decisión de los jueces este miércoles día 4 habrá malestar social debido a que «en un primer momento habrá incomprensión; un lado dirá que estuvo bien hecho y que la decisión fue correcta, y el otro que fue incorrecta y generará críticas».
El magistrado también lamentó que en un principio el Supremo iba a decidir sobre la legalidad de decretar entrada en prisión después de una condena en segunda instancia, pero que al final, «en la práctica se transformó en una orden de prisión (contra Lula) y esto es una gran confusión que tenemos que aclarar».
Por su parte, la presidenta del Supremo, la jueza Carmen Lúcia Antunes, también se pronunció este martes sobre el momento decisivo que atraviesa la Justicia brasileña por tener que decidir el futuro del líder izquierdista.
Al abrir la sesión del Consejo Nacional de Justicia Antunes pidió que las instituciones sean fuertes y atiendan el reclamo de la sociedad en un momento «que tal vez sea el más difícil, el más turbulento».
Mientras en el Supremo se viven momentos de expectación y cautela en la Fiscalía, crece la presión para que los jueces rechacen el recurso de Lula y permitan su ingreso inmediato en prisión, dado que hacer lo contrario, dicen, estimula la impunidad.
Asimismo, la procuradora general de la República, Raquel Dodge, resaltó que la presunción de inocencia es importante en todos los países, pero que en Brasil se da la «exageración» de tener que esperar el análisis de cuatro instancias judiciales antes de que un condenado pueda entrar en prisión.
«Esta exageración aniquila el sistema de Justicia precisamente porque una Justicia que tarda es una Justicia que falla», apuntó.
Además de estos pronunciamientos públicos, distintos grupos de abogados presentaron miles de firmas ante el Supremo, tanto para pedir la condena definitiva del expresidente como para exigir que pueda seguir en libertad mientras recurre.
Otro de los que se manifestó con fuerza recientemente fue el fiscal de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, uno de los que forjó la tesis de que Lula era el verdadero líder de la trama corrupta de Petrobras.
El lunes, Dallagnol, que es evangélico praticante, aseguró a través de su cuenta de la red social Twitter que pasará la jornada de miércoles «haciendo ayuno» y orando para que el Supremo permita que Lula entre en prisión.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero.
La Justicia le acusa de recibir un apartamento de lujo de manos de la construtora OAS, lo que sería una especie de agradecimento por los favores prestados dentro de la trama de Petrobras.
Lula, que niega todas las acusaciones y se considera víctima de una persecución mediática y judicial, lidera todas las encuestas de opinión de cara a las elecciones de octubre, aunque es probable que no pueda participar.
Si el miércoles el Supremo rechaza el habeas corpus, Lula podría entrar en prisión esta misma semana; si lo acepta el expresidente podrá seguir en libertad mientras sus abogados recurren en las dos instancias que le quedan; el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo Federal. (Sputnik)