Lo hace a través de la baja de retenciones, que será del 0,5% mensual a partir de este mes. En 2019 representarán ya $ 40.000 millones.
A partir de hoy comienzan a regir los cambios en el sistema de retenciones a las exportaciones de soja, lo cual implica una baja del 0,6% mensual durante dos años, para llegar del 30% actual al 18% en diciembre de 2019.
Esto implica una transferencia de $ 20.000 millones durante el primer año. En 2019, según los cálculos, el costo fiscal para el Estado será el doble: $ 40.000 millones. Todo esto en un contexto en el cual se acaba de despojar a los jubilados, ex combatientes de Malvinas, beneficiaros de AUH y otras asignaciones y pensiones casi $ 100.000 millones anuales por la presunta falta de recursos.
La reducción de las retenciones a la soja se iba a implementar hace un año, como parte de las promesas de la campaña presidencial de Mauricio de Macri, quien arrancó su mandato con una baja del 5% en ese impuesto. Sin embargo, en ese momento, la medida fue postergada. Esta vez el gobierno decidió que sí era el momento, pese al enorme descontento que generó el recorte a los aumentos de los haberes jubilatorios.
En paralelo con las retenciones al poroto de soja, bajarán en la misma medida las que se aplican al aceite de soja. De ese modo, con esa disminución escalonada de 0,5% mensual, pasará del 27% acutal al 15% a fines de 2019.
Las provincias, que perciben el 30% de lo recaudado por las retenciones a la soja, perderían de este modo unos $ 6000 millones en 2018 y $ 12.000 millones el año próximo.