Las acusaciones fue por los delitos de Negociaciones incompatibles, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
- Para Sergio Urribarri pidió 12 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.
- Para Pedro Báez, 10 años años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.
- Para Juan Pablo Aguilera, 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.
- Para la contadora Corina Cargnel, ocho años de prisión e inhabilitación especial.
- Para Gerardo Caruso, cinco años de prisión.
- Para Hugo Marsó, cinco años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.
- Para Gustavo Tamay, cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.
- Para el empresario Germán Buffa, tres años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua.
- Para Gustavo Tórtul, tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua.
Asimismo, para cada uno de los imputados se solicitó la pena de multa de 90.000 pesos que es lo máximo que permite el legislación, más las costas del juicio.
Además para los familiares y amigos de Juan Pablo Aguilera fueron peticionadas las siguientes penas:
• Para Emiliano Giacopuzzi solicitó cuatro años de prisión, más multa e inhabilitación especial.
• Para Maximiliano Sena la pena de dos años e inhabilitación perpetua.
• Para Luciana y Alejandro Almada pidieron tres años de prisión condicional más multa e inhabilitación especial
El juicio continuará el miércoles a las 9 con los alegatos de los defensores.
UNO Retransmitió EN VIVO
Juicios abreviados
Jesús José María Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional.
Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública.
Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilera, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay.
El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los 3 millones de pesos, aunque en forma global la estafa es del orden de los 12 millones de pesos.
Otro que logró evitar el banquillos fue Jorge “Corcho” Rodríguez. El 14 de diciembre de 2018, la jueza de Garantías Eliza Zilly refrendó un acuerdo que consiguieron sus abogados, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, con el Ministerio Público Fiscal, para acceder a la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, el pago de una indemnización al Estado entrerriano de 150.000 pesos en cuotas, durante un año, y la realización de campañas de difusión en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos. Esa promoción será a modo de canje: lo hizo a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, su pareja, y también en el programa Cortá por Lozano, que se emite por Telefé. (UNO DE ENTRE RIOS)
