En una reunión conjunta entre la Comisión de Seguridad y la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se trató la iniciativa de la diputada Ayelén Acosta de prohibir la portación, tenencia y transporte del arma de dotación a los efectivos de la Policía de Entre Ríos y de la Dirección General del Servicio Penitenciario, en los casos que hayan sido denunciados por violencia de género y/o violencia familiar. Representantes de la Dirección de Asuntos Internos participaron del encuentro.
Este miércoles se reunió la Comisión de Seguridad y la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad, presididas por las diputadas Ayelén Acosta (Bloque PRO) y Mariana Farfán (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) respectivamente.
Durante el encuentro se trató el proyecto de ley, autoría de la diputada Acosta, que busca prohibir la portación, tenencia y transporte del arma de dotación a los efectivos de la Policía de Entre Ríos y de la Dirección General del Servicio Penitenciario, en los casos que hayan sido denunciados por violencia de género y/o violencia familiar.
“Nos interpela el flagelo de la violencia de género que la sociedad vive. Entendiendo que cuando hay armas en un hogar la violencia aumenta, vimos que en Entre Ríos hay resoluciones internas pero no una legislación que aborde este tema”, expresó la autora del proyecto.
La diputada Farfán destacó que se incluya todo tipo de violencias y la necesidad de sostener las capacitaciones en género. “Es importante concientizar de que el efectivo policial también es una figura que puede ser denunciada”, dijo.
El subdirector de Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos (PER), Marcelo Clausich, participó junto a su equipo en la reunión, informando sobre los procedimientos actuales ante estas situaciones.
“La Dirección trabaja sobre las cuestiones administrativas que hacen a la disciplina de la institución. En 2016, a partir del acaecimiento de un doble homicidio por parte de un efectivo de Prefectura, el jefe Gustavo Maslein emitió una resolución para tomar medidas en la PER. Sin embargo, no estaban dadas con claridad las pautas sobre la recuperación del arma, por lo que en 2019 se nos encomendó hacer otra disposición que armonice cuestiones sobre la violencia de género, familiar y delitos contra la integridad sexual”, detalló Clausich.
El jefe de la División de Inteligencia e Investigaciones Internas, Pablo Gordillo, explicó la resolución vigente: “la PER procede a que el jefe de la dependencia policial retenga inmediatamente el arma y a que se regule su portación. A eso le siguen otras medidas cautelares administrativas, donde interviene la Junta Médica. Ante todos los hechos de este tipo se avanza de la misma manera”.
Por su parte, la jefa de la Sección de Género y Familia, Marina Hernández, destacó las capacitaciones en género realizadas y afirmó que “nuestra oficina controla que los abordajes interdisciplinarios propuestos por la Junta Médica se cumplan y que las armas no sean devueltas a los denunciados con anterioridad”.
Diputadas y diputados acordaron seguir convocando a actores involucrados para el debate del proyecto de ley.
Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados
Por otro lado, la Comisión de Seguridad trabajó el proyecto de ley, venido en revisión, que establece adherir a la Ley Nacional 25.938 Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados.
Las reuniones presididas por las diputadas Acosta y Farfán contaron con la participación de las diputadas Stefanía Cora, Sara Foletto, Gracia Jaroslavsky, Silvia Moreno y Paola Rubattino, y los diputados Uriel Brupbacher, Juan Pablo Cosso, Leonardo Silva y Eduardo Solari. (Comunicación HCDER)
