“Sale”, repiten funcionarios y legisladoras. Sin embargo, hay temor de una presión fuerte que pueda complicarlos. Se espera un largo debate.
El martes a las 16 horas se iniciará en el Senado la sesión para tratar el proyecto que habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, aprobado en Diputados el 10 de diciembre, y esta vez sus promotores en el Congreso y en el Poder Ejecutivo creen que será ley.
“El último dato es que sale. Pero hasta que no veamos los votos no vamos a decir nada”, sostuvo ante LPO una fuente del Poder Ejecutivo cercana a las negociaciones. Las senadoras que militan por la sanción también dicen estar “uno o dos votos arriba”, pero sin chances de confiarse, porque la experiencia con este tema es que cada bando guarda cartas para sorprender.
Como explicó LPO, antes de convocar a la sesión, las oficialistas Anabel Fernández Sagasti, María de los Ángeles Sacnun y Oscar Parrilli trabajaron en una reglamentación acorde a las demandas de algunos de sus aliados para aprobar la ley, como el rionegrino Alberto Weretilneck y el entrerriano Edgardo Kueider, quien firmó el dictamen disidencia. Recién este lunes ambos definirán si se conforman con las promesas.
Las gestiones de la Casa Rosada permitieron que replanteara su voto el salteño Carlos Leavy, del Frente de Todos, un cambio que podría ser decisivo. Anticipó que tal vez no sea la única colaboración. “Muchos quieren que la ley salga, pero votar en contra”, aseguró, muestra de cómo la presión de la Rosada llegó a los pasillos virtuales del Senado.
Parte del silencio estratégico del oficialismo es que hay varios indecisos de la oposición que bien pueden revisar su posición si hay certezas de una sanción sin su ayuda. Los verdes creen que tienen el voto seguro de Stela Olalla, radical entrerriana, quien durante la campaña se expresó a favor de la despenalización del aborto, pero avanzó sobre la legalización.
La neuquina Lucila Crexell, del interbloque federal, sigue en silencio después de pedir algunas modificaciones a la ley que no fueron consideradas en el debate en comisión de diputados. Y el radical catamarqueño Oscar Castillo se negó a firmar el dictamen, pese a que en 2018 votó a favor. Su amistad con Enrique “Coti” Nosiglia, promotor de la ley como casi toda la UCR porteña, es para algunos una garantía de que volverá a pulsar el botón verde.
Si este grupo de senadores dubitativos se decidiera a ayudar para que haya ley, la sanción sería inminente. Alcanzaría con que algunos voten a favor y el resto se abstengan. Pero los verdes están lejos de querer cantar victoria. “Estamos muy cerca; pero quedan dos días y cada minuto pesa”, sostuvo ante LPO una senadora opositora interesada en la sanción.
En la última reunión del interbloque Cambiemos, el miércoles, hubo unanimidad por dar quórum, evitar secuelas internas y aceptar que un grupo maniobre para que el proyecto se apruebe, aunque Alberto Fernández lo muestre como un triunfo propio.
En Diputados, Fernando Iglesias, uno de los principales emisarios de Patricia Bullrich, dijo que no dio quórum, pero aprobó la ley con críticas al Gobierno. Procedería igual Humberto Schiavoni, ex presidente del PRO y mano derecha de Mauricio Macri en otros tiempos.
“A Macri no le interesa este debate”, repiten sus ex dirigidos. Como en Diputados, la sesión terminará con el proyecto de los 1000 días, una ley promovida por Alberto Fernández para proteger a las embarazadas y a los niños de hasta los 3 años. Se sancionaría por unanimidad. (LPO)
