Martin González, edil y el presidente del bloque del Frente de Todos en Concejo Deliberante Gualeguay, dio a conocer una denuncia en donde un empresario se tomó atribuciones de cercar el acceso a la ribera y un sector de aguas en el río Gualeguay. El concejal apuntó que lo hace utilizando personal policial que contrata con horas adicionales.
Desde hace años, lugareños y vecinos de Gualeguay visitan las aguas y costas de lo que localmente se conoce como La Toma. Es un lugar ubicado a orillas del río Gualeguay donde funcionaba la vieja planta potabilizadora de la ciudad y donde incluso todavía permanece en pié una emblemática construcción de captación de agua. En ese lugar se encuentra también Estancia El Prado, un camping que promociona el servicio de dos playas privadas sobre el río en “donde se puede hacer kayak y pesca deportiva”. Tiene una coqueta cabaña con piscina donde se brinda alojamiento con fogón y posibilidad de cabalgata, a tan solo 5 minutos de la ciudad. Pues bien, en ese lugar, cuyas costas dan al río, el propietario, Lisandro Allende, ha contratado a agentes de la policía de Entre Ríos para que no se acerquen a la costa lugar e incluso tan siquiera posen en las aguas, según los testimonios que pudo escuchar esta Agencia.
La situación por más irregular ha sido repetida y reiterada en los últimos tiempos, y el concejal del FpT-PJ, Martin González, se lanzó a denunciarlo en las redes. “Vengo transitando con una mezcla de indignación, impotencia y preocupación lo que viene sucediente hace un tiempo y se ha acrecentado en las últimas semanas, en un parte de nuestro hermoso y querido río Gualeguay. Vecinos y sus familias han sido expulsados de los arenales y sus barrancas por el propietario del campo que dice ser el dueño de río hasta la mitad de su lecho”.
Si bien el edil no se plantea ingresar en una discusión sobre el uso del denominado Camino de Sirga, la franja que se deja para uso público en la costa, reprochó los malos tratos del personal contratado y demás las atribuciones por demás que se toma con los ocasionales paseantes. La situación, comentó, ha puesto al borde del llanto de niños con sus padres que en las playas han sido obligados “urgente y prepotente instado a abandonar el lugar”. González le dice dirigiéndose al responsable: “Usted señor Allende no es el dueño del río”.
Finalmente el edil pidió la intervención de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. También a las autoridades municipales con el objeto de pronunciarse y clarificar esta situación de uso del espacio público. (aim)
