La Oficina Anticorrupción instó a que Etchevehere no tome decisiones vinculadas a la Sociedad Rural
La Oficina Anticorrupción (OA) consideró que «no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre ética pública» la percepción por parte del ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, de la retribución excepcional de $ 500.000 que recibió de la Sociedad Rural Argentina cinco días antes de su designación.
El organismo remarcó que si bien el bono fue otorgado antes que asuma formalmente el cargo, tanto a la SRA como el propio Etchvehere ya estaba al tanto del futuro nombramiento. «Resulta claro que en oportunidad de otorgarse la retribución excepcional, se encontraban en pleno conocimiento de la inminente asunción de funciones como Ministro, por lo que la valoración de las conductas del funcionario en dicho contexto que se relacionen con el ejercicio del cargo, no puede quedar al margen de toda consideración en el marco de las normas sobre ética pública», alertó.
En esa línea, aseguró que la «retribución no tuvo contraprestación aparente» y que este caso con la devolución del dinero posterior «no registra precedentes» en la gestión pública.
Según la OA, la percepción por parte del Ministro de Agroindustria de la retribución excepcional $ 500.000 aprobada por la Sociedad Rural Argentina, no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre ética pública (art. 2 Ley 25.188 y 9º Decreto 41/99)», dice el dictamen del organismo que dirige la exdiputada del PRO, Laura Alonso.
La OA sustenta su recomendación en el «deber de prudencia» previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública, que sostiene que «el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad» por lo que considera que se «deben evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores».
Además, la OA, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, recordó al ministro «su deber de abstenerse de intervenir en ejercicio de la gestión pública en cuestiones particularmente relacionadas con la Sociedad Rural Argentina y obrar conforme al deber de prudencia en las decisiones generales que adopte en lo sucesivo y que pudieran impactar de algún modo respecto de la citada institución».
Asimismo, recomienda además que ante una situación de este tipo, el funcionario «deberá comunicar su excusación al señor Presidente a fin de que designe qué funcionario deberá intervenir en su reemplazo». Lo mismo dictaminó la OA sobre Juan José Aranguren, y las políticas sobre la petrolera Shell, donde el ahora ministro de Energía ocupó el cargo de CEO, con acciones offshore.
En el texto al que accedió ámbito.com, la dependencia de Alonso recalcó que «no se expedirá respecto de si el pago de la citada retribución se encontró vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones o a la imposición de condiciones especiales que deriven en ello», delegando esa consideración y análisis al proceso judicial contemplado en la causa 20.781/2017 contra Etchevehere que se tramita en el juzgado en lo Criminal y Correccional federal Nº 5, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. En ese expediente, el abogado Leonardo Martínez Herrero lo denunció los posibles delitos de dádivas, negocios incompatibles con la función en el Estado y administración fraudulenta. Martínez Herrero cree que los $ 500.000 que recibió y luego devolvió por el escándalo que generó eran una «coima».
La resolución sobre el empresario rural se encuentra en sintonía con el pronunciamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2003 en el sentido de que «cuidar el interés público es la principal misión de los gobiernos y las instituciones públicas».
«Los ciudadanos esperan que cada uno de los servidores públicos realicen sus tareas con integridad, de una manera justa e imparcial», indicó el dictamen de la OA, y recordó también que «se espera que los funcionarios e instituciones públicas se comporten de una forma que puedan soportar el más estrecho escrutinio público».
«Esta obligación no está cumplida completamente, simplemente actuando dentro de la letra de la ley; también implica el respeto de los valores de la función pública más amplios, como el desinterés, la imparcialidad y la integridad», indicó el organismo.
El documento fue comunicado al ministro de Agroindustria, al presidente Mauricio Macri y al Jefe de Gabinete, Marcos Peña. Se espera que ahora el mandatario y el jefe de ministros designen a un reemplazante a la hora de tomar decisiones donde participe la Sociedad Rural. En el caso de Aranguren se delegó la firma de los convenios comerciales con Shell en el ministro de Producción, Francisco Cabrera.