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Nacionales

EL PAQUETE QUE PREPARA ALBERTO PARA ENFRENTAR EL DÉFICIT

Publicada: 15/11/2019 10:58 PM
un paso adelante en el tiempo
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Con un rojo proyectado de 2 puntos del PBI, Fernández analiza un impuesto extraordinario a bancos, suba de retenciones y desactivar la reforma impositiva de Macri.

Van trascendiendo detalles de lo que será la política económica de Alberto Fernández apenas asuma el 10 de diciembre. Estos detalles surgen de conversaciones que mantienen Santiago Cafiero y Matías Kulfas con empresarios como los de la COPAL y potenciales inversores (incluidos en este ítem los golpeados tenedores de papeles de la deuda).

Por lo pronto, para el punto clave de la política fiscal, el nuevo gobierno no irá por el ajuste del gasto público. Atrás quedarán las recomendaciones de desindexar la economía y los cambios a la fórmula de ajuste de las jubilaciones. Pero atrás quedarán también las esperanzas de bajar la inflación y la de reducir la presión impositiva. Todo lo contrario, irían en aumento.

Es obvio que se viene la suba de las retenciones. Pero con ello sólo no alcanza. Santiago Cafiero aseguró en esos encuentros que no habrá nada desmesurado ni siquiera castigos a los que blanqueron fondos en 2016. Hay que dejar la puerta abierta a futuros blanqueos. “¿A quién le creemos? ¿A Nielsen que sostiene que van a un ajuste veloz de las cuentas públicas o a Kulfas que dice no tocarán el gasto?” le preguntaron a Cafiero. Y el dirigente más cercano a Alberto Fernández respondió sin dudar: “A Kulfas”.

En la Cámara de Diputados todo es incertidumbre. Si en lo económico no hay transición alguna, en lo legislativo menos. Ni siquiera se habla de quiénes presidirán las comisiones estratégicas, como la de Presupuesto y Hacienda. La estrategia de no tener contactos con funcionarios de Mauricio Macri en la transición tiene su base en lo que será el discurso desde el 10 de diciembre: el “tierra arrasada” como slogan de la herencia recibida. Lo que no hizo Macri en 2015, culpar al anterior, lo hará Alberto Fernández en 4 semanas. Pero el “tierra arrasada” de slogan sirve para justificar medidas de ajuste del gasto. Pero no se tomarán. Ahí sí pueden cometer el error de Macri con el fracasado “gradualismo”.

Es obvio que se viene la suba de las retenciones. Se habla también de un impuesto a las Ganancias Extraordinario para los bancos y se darán vuelta las reducciones de impuestos de la reforma impositiva de 2017

Entre las medidas en estudio que circulan en Diputados se halla también un impuesto a las Ganancias Extraordinario para los bancos, apuntando a los retornos que les dejaron las “Leliq”. También seguramente se darán vuelta las reducciones de impuestos en la reforma impositiva lanzada en 2017 por Nicolás Dujovne con aplicación en el 2020. El rojo inercial de las cuentas públicas para el año próximo es de 2% del PBI, que se cubriría con ingresos por mayores retenciones (un punto del PBI) y los cambios en Ganancias Extraordinarios y Bienes Personales (0,4% del PBI). La diferencia se cubriría con la célebre “maquinita” y el impuesto inflacionario.

Así es imaginable que los primeros meses de gestión de Alberto Fernández estén enmarcados en el pacto social con una inflación sin desbocarse tras el colchón de precios que se están asegurando las empresas en estas semanas. También por el “Reperfilamiento 2ª Temporada” para todos los papeles de legislación argentina que se hagan a tiro de decreto dadas las bondades que otorga la justicia doméstica para la resolución de conflictos por el default de la deuda. Con el correr de los meses podría despegar la inflación por el aumento de la oferta de dinero y el posible incremento de las brechas cambiarias. Sólo en noviembre la base monetaria está aumentando 14%. Quedaron en el olvido, enterradas, las promesas al FMI para congelar la emisión de dinero.

Y sobre el FMI, se avecina una larga negociación. No son sólo discursos de campaña los de Alberto Fernández contra el organismo internacional. Es su opinión. En la estrategia de ir desnudos, sin aval del FMI, a la renegociación de la deuda que tiene legislación de Nueva York, ayuda el hecho de que en 2020, sólo hay vencimientos de esos papeles por menos de 5.000 millones de dólares. Y que recién hay vencimientos con el FMI en 2021 por cerca de u$s 5.000 millones.

Pero claro, es el “vivir con lo nuestro” para la economía. No habrá crédito internacional de nuevo en el corto plazo. Nada es gratis. YPF por ejemplo tiene los fondos para pagar vencimientos de su deuda en 2020. ¿Pero en 2021? Las renegociaciones de la deuda duran tres meses como mínimo. Y el retorno al crédito internacional no es automático.

Es el “vivir con lo nuestro” para la economía. No habrá crédito internacional de nuevo en el corto plazo. Nada es gratis. YPF por ejemplo tiene los fondos para pagar vencimientos de su deuda en 2020. ¿Pero en 2021?

En el interín, en el corto plazo que es lo que importa, van surgiendo otras novedades. Por ejemplo, la empresa PAE logró emitir deuda por u$s 120 millones a 4 años de plazo y a una tasa de sólo 5% anual. ¿Milagro? La emisión tenía la posibilidad de ser suscripta en pesos al tipo de cambio oficial. Por lo tanto sirvió de salida a empresas o fondos como PIMCO, tenedores de pesos y ansiosos por huir de la cárcel o cepo en el que se hayan. Esto explica porqué en los últimos días variables como en “contado con liqui” o el “dólar Bolsa” no se hayan movido demasiado. Encontraron los pesos una pequeña válvula de escape. El problema es que en las próximas semanas seguramente se necesitarán nuevas válvulas y más anchas.

Desde el 10 de diciembre se desarrollará una maratón de anuncios económicos con el “tierra arrasada” de base que ya anticipó Axel Kicillof en PBA. Si la economía muestra una actividad en descenso, el Congreso será la contracara con una alta actividad. El problema es que la actividad del Congreso puede hundir más la actividad económica con la creación de nuevos impuestos. Ya el 20 del corriente, como anticipo, Diputados puede aprobar la ley de Alquileres que puede ser un boomerang para inquilinos, desalentando la oferta de inmuebles al imponer un plazo mínimo a los contratos de 3 años y así incrementando el costo de alquilar en la Argentina. Lo que se desea es diferente a lo que luego se logra. (LPO)

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