Las consideraciones realizadas por el Presidente del Cuerpo, LUCAS NOYA, en las que llegó a pedirle a la concejal SAMANTA IRURZÚN que renunciara y dejara de integrar un Concejo Deliberante al que consideró UNA ESCRIBANÍA; hicieron que se produjera una reacción desde el órgano partidario de conducción departamental del PARTIDO JUSTICIALISTA; donde se aprovechó para profundizar sobre otros puntos. “LOS CARGOS PÚBLICOS NO OTORGAN SUPERIORIDAD MORAL: IMPONEN OBLIGACIONES.” – “LA ÉTICA NO PUEDE SER UNA VARA PARA MEDIR AL ADVERSARIO Y OTRA PARA JUZGAR A LOS PROPIOS.”, se lee en algún pasaje del comunicado.
Las expresiones de que el Concejo Deliberante de Federal es una escribanía, a lo que apuntó la edil del PJ, Samanta Irurzún, en declaraciones al programa RADIO SÁBADO de RADIO INTEGRACIÓN 90.5; haciendo referencia al desempeño del Bloque de la UCR; trajeron reacciones dentro y fuera del recinto.
Adentro, por parte del presidente del HCD, Lucas Noya. Afuera, mediante un comunicado del Consejo Departamental del partido Justicialista.
TEXTO COMPLETO DEL COMUNICADO DEL PJ:
En vísperas de un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia, desde el Consejo Departamental del Partido Justicialista de Federal consideramos necesario expresar nuestra preocupación ante determinadas manifestaciones realizadas en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante y, especialmente, ante la utilización selectiva de la ética y la moral como argumentos para cuestionar conductas políticas.
El presidente del cuerpo, Lucas Noya, reclamó la renuncia de la concejala justicialista Samanta Irurzun por sus expresiones respecto del funcionamiento del bloque mayoritario, al que calificó como una escribanía del Gobierno Municipal.
Podemos coincidir o disentir con esas afirmaciones. Lo que no podemos aceptar como práctica democrática es que una crítica política se convierta, por sí misma, en motivo para exigir la renuncia de una representante elegida por el voto popular.
Las instituciones no se debilitan porque se las cuestione. Se debilitan cuando se pretende reemplazar el debate por la descalificación y los argumentos por exigencias de silencio.
La democracia no consiste en evitar las críticas al poder, sino en garantizar que puedan expresarse sin que quien las formule sea sometido a una condena política por pensar diferente.
¿SE HABRÍA EXIGIDO LO MISMO SI HUBIERA SIDO UN VARÓN?
Hay, además, una cuestión que no puede quedar fuera de este debate: la perspectiva de género.
Cabe preguntarse si la reacción frente a las expresiones de la concejala Samanta Irurzun habría sido la misma si esas palabras hubieran provenido de un concejal varón. ¿Se le habría exigido también que renunciara a su banca o se habría respondido a sus cuestionamientos mediante el debate político?
No se trata de afirmar que toda diferencia de criterio constituye violencia de género. Se trata de reconocer que las mujeres que participan de la vida política deben poder expresar sus opiniones, cuestionar al poder y ejercer sus funciones sin quedar expuestas a mecanismos de deslegitimación o presiones que no se aplicarían de la misma manera a sus pares varones.
Cuando se pretende que una mujer abandone un cargo representativo por expresar una crítica política, resulta legítimo preguntarse si se están aplicando los mismos estándares que se utilizarían frente a un hombre. Esa pregunta merece ser planteada con seriedad, sin anticipar conclusiones, pero sin esquivar el debate.
La igualdad no se garantiza solamente permitiendo que las mujeres ocupen una banca. También exige que puedan ejercerla con libertad, dignidad y sin discriminación por razones de género.
La participación política de las mujeres no puede quedar condicionada a que sus críticas resulten cómodas para quienes gobiernan.
LA TRANSPARENCIA TAMBIÉN DEBE EMPEZAR POR CASA.
Cuando se invocan la ética y la moral como fundamentos para juzgar la conducta de un representante público, esos principios deben aplicarse con idéntico rigor a todos, sin distinciones partidarias ni conveniencias circunstanciales.
En ese sentido, las declaraciones públicas relacionadas con las tareas que el concejal Guillermo Luna Andriosuk desempeña para la presidenta municipal, Alicia Oviedo, así como las explicaciones difundidas sobre la naturaleza de esa relación y los pagos vinculados a dichas actividades, plantean interrogantes institucionales que merecen ser aclarados.
No se trata de versiones anónimas ni de afirmaciones que deban darse por ciertas sin análisis. Se trata de declaraciones públicas de los propios protagonistas que, por la naturaleza de los cargos que desempeñan, merecen una explicación clara y completa ante la ciudadanía.
En enero de 2025, el concejal reconoció públicamente su colaboración con la intendenta, aunque sostuvo que su único ingreso estatal era el correspondiente a su función legislativa. En octubre de 2026, el tema volvió a tomar estado público a partir de declaraciones de la presidenta municipal y de explicaciones difundidas por el propio edil.
Según publicó Federal al Día el 22 de octubre de 2026, Oviedo describió la tarea de Luna como gratuita y ad honorem, pero también hizo referencia a una gratificación proveniente de su sueldo como intendenta. Posteriormente, el concejal explicó que realiza gestiones para Alicia Oviedo, la acompaña en determinadas actividades y prepara información para sus redes sociales; señaló, además, que recibe dinero de su bolsillo y cubre gastos con fondos personales. También afirmó que no tiene una designación como secretario privado ni percibe un segundo sueldo municipal.
No corresponde tergiversar esas declaraciones ni anticipar conclusiones. Pero tampoco corresponde ignorar las preguntas que surgen de ellas.
¿Se trata de una colaboración ad honorem, de tareas remuneradas o de una gratificación personal? ¿Qué tareas se realizan, bajo qué condiciones y cómo se documentan los pagos reconocidos públicamente?
Y existe una cuestión institucional todavía más importante: Guillermo Luna Andriosuk no es solamente una persona que colabora con la presidenta municipal. Es también un concejal, integrante de un cuerpo cuya función incluye legislar y controlar los actos del Departamento Ejecutivo.
El artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipios de Entre Ríos, Ley 10.027, establece que ambos poderes son independientes en el ejercicio de las facultades que la ley les atribuye y que se fiscalizan y controlan recíprocamente.
Esa independencia no es una formalidad administrativa. Es una garantía republicana.
Por ello, corresponde aclarar cómo se delimitan las tareas que el concejal realiza para la presidenta municipal respecto de sus responsabilidades legislativas, y qué mecanismos permiten garantizar que el control del Ejecutivo se ejerza con la autonomía que exige el funcionamiento institucional.
No afirmamos que exista una incompatibilidad legal ni atribuimos conductas delictivas. Precisamente, reclamamos información suficiente para que la ciudadanía pueda comprender la situación y evaluar su encuadre institucional conforme a la normativa aplicable.
Porque la transparencia no consiste solamente en negar que exista una irregularidad. También implica brindar explicaciones claras cuando las circunstancias generan dudas legítimas.
Y aquí aparece la cuestión política de fondo.
Cuando se trata de cuestionar a una concejala de la oposición por sus expresiones, algunos dirigentes radicales invocan con firmeza la ética y la moral, hasta el punto de reclamarle que renuncie a su banca.
Entonces, resulta razonable preguntar: ¿con qué criterio se aplican esos principios? ¿La exigencia ética es igual para todos o depende de quién sea el protagonista de la situación cuestionada?
Si se considera que una expresión política merece una respuesta institucional, debe darse esa respuesta mediante argumentos, no mediante presiones para silenciar a quien piensa distinto. Y si se considera que la conducta de un representante público debe someterse a exigencias éticas, esos mismos criterios deben orientar el análisis de todas las situaciones que involucren a quienes ejercen responsabilidades públicas, sin excepciones partidarias.
No pedimos privilegios ni condenas anticipadas. Pedimos exactamente lo mismo que se exige a cualquier representante público: transparencia, coherencia y explicaciones claras.
La independencia entre el Poder Legislativo y el Departamento Ejecutivo no puede defenderse únicamente cuando conviene políticamente. Del mismo modo, la ética no puede convertirse en una herramienta para disciplinar al adversario mientras se relativizan las preguntas que involucran a los propios dirigentes.
Si se exige ejemplaridad a la oposición, también debe haber disposición a rendir cuentas desde el oficialismo. Si se invoca la transparencia, deben aclararse las situaciones que generan dudas. Y si se defiende la independencia de poderes, esa independencia debe poder verificarse en los hechos.
Este 30 de octubre, al recordar la histórica elección de 1983 que abrió las puertas a la recuperación democrática, reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión, el pluralismo político, la división de poderes y el respeto por la voluntad popular.
La democracia no exige uniformidad de pensamiento. Exige respeto por las diferencias, responsabilidad en el ejercicio de los cargos y transparencia frente a la ciudadanía.
Desde el Partido Justicialista de Federal sostenemos que nadie está por encima de la ley, pero tampoco nadie debe ser silenciado por ejercer su derecho a cuestionar al poder.
Los cargos públicos no otorgan superioridad moral: imponen obligaciones. Y quienes reclaman conductas ejemplares deben estar dispuestos a responder las mismas preguntas y someterse a los mismos controles que exigen a los demás.
La ética no puede ser una vara para medir al adversario y otra para juzgar a los propios. La coherencia no se proclama: se demuestra. La transparencia no se declama: se practica. Y la responsabilidad no se exige solamente al otro: empieza por casa.
Las instituciones se honran con conductas transparentes, no exigiendo silencio. La confianza pública se construye con reglas claras, información accesible y responsabilidades bien delimitadas.
La democracia se defiende con hechos, la ética con coherencia y la política con responsabilidad.
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