Cuatro entidades que reúnen a clínicas privadas anunciaron la semana pasada una suspensión de la atención a afiliados al PAMI para el miércoles y jueves próximos (21 y 22 de este mes). La medida fue prevista en reclamo de una actualización de los montos cobrados por los servicios y de cambios en las condiciones en los contratos, que, por ejemplo y según directivos del sector, establecen cupos para ciertas prácticas en cada institución.
Con la medida de suspensión -que no alcanzaría a las emergencias-, las entidades dijeron buscar “una respuesta urgente que permita sostener las prestaciones” y evitar un mayor deterioro que, según indican, no se limitaría a la población del PAMI, sino que se extendería al sistema sanitario en general.
Consultadas por LA NACION, fuentes del PAMI señalaron que el diálogo está abierto y que el jueves próximo habrá una reunión de equipos técnicos. Agregaron que el viernes pasado “se llegó a un entendimiento para incrementar el valor de los aranceles en determinadas prácticas clínicas, que representa prácticamente una recomposición de la inflación acumulada 2026″.
Luego de ese diálogo, desde las entidades ratificaron a este medio que la medida del corte de servicios sigue en pie por ahora, aunque mañana, lunes, se hará una consulta a las clínicas representadas, para ver qué decisión tomar (si se seguirá adelante o no con la medida de protesta). También dijeron que lo ofrecido es insuficiente frente al retraso acumulado por los montos.
Entre diciembre de 2023 y julio de este año, según fuentes del sector, al tiempo que la inflación general fue de 241,8%, la cápita que paga el PAMI subió nominalmente un 110,55% en promedio. Por eso, haría falta una suba de 62% para que la variación de los aranceles quedara empatada con la que tuvieron los precios de la economía en general, si se toma como punto de partida el mes en el que asumió el actual Gobierno. En lo que va de 2026, hubo para algunas prácticas una recomposición de 1,9% en junio y otra de 8% en julio.
Sin embargo, el retraso se acumula desde antes. Según cálculos basados en un informe sectorial, lo pagado por la obra social por las principales prestaciones debería aumentar más de 90% para equiparar la inflación que hubo hasta junio pasado desde el inicio de 2023 (el año en el que el Índice de Precios al Consumidor, IPC, del Indec, avanzó un 211,4%).
La suspensión de servicios por 48 horas fue anunciada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), la Asociación Civil Salud Federal y la agrupación Clínicas de la Patagonia. En total, esas instituciones representan a más de 100 entidades de diferentes partes del país.
En el comunicado se afirma que no hubo respuesta a un pedido de audiencia urgente que se le cursó el 14 de septiembre al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, tal como informó en su momento este medio. Con el funcionario, pretenden hablar de “la necesidad de avanzar en una reforma tributaria” para el sector y de encontrar una vía de solución para las cerca de 5000 entidades que mantienen deudas con el fisco, amparadas en la medida que le impide a ARCA iniciar ejecuciones por obligaciones impagas. Esa disposición fue prorrogada varias veces en las últimas décadas.
Más allá del reclamo por la suba de los aranceles, directivos del sector privado sostienen que las prestaciones para los casi 6 millones de afiliados están restringidas por el modelo que le atribuyen al PAMI, y afirman que en los últimos meses la obra social “comenzó a derivar los contratos a los hospitales públicos, ya colapsados, quitando a las clínicas pacientes que tenían asignados”.
A ritmos distintos
Un índice elaborado por Capress muestra que, entre diciembre de 2022 y junio de 2026, el valor cápita del segundo nivel de atención tuvo un incremento nominal de 447,47%. Según explicaron fuentes técnicas de la cámara, eso incluye “fundamentalmente internación, cirugías de baja y mediana complejidad y otros servicios que son los de mayor tasa de utilización por parte de los afiliados de PAMI”. En el mismo período, la inflación minorista fue, según el Indec, de 942,35%, y de allí surge que los aranceles deberían recibir una suba de más de 90% para empatar con el indicador del costo de vida. En el mismo lapso, los precios de los medicamentos tuvieron un alza de 1181,70%, según un indice de Capress, elaborado sobre la base de diferentes fuentes de datos, como el Ministerio de Salud y el Colegio de Farmacéuticos.
Además del reajuste de los valores, los prestadores reclaman “un modelo de atención adecuado para los jubilados”, una regularización de los pagos y el “fortalecimiento de las contrataciones en el sector privado -que cuenta con el 56% de las camas del país-, sin sobrecargar a los hospitales públicos”.
Reajustes más recientes
En lo que va de este año, las clínicas afirman que lo pagado por el PAMI aumentó en muchos casos un 1,9% en junio y otro 8% en julio (la variación no es la misma para todas las prácticas). Además, se dispuso un adicional para los prestadores de internación que superan ciertas tasas de uso. “Son incrementos muy inferiores a la evolución de los costos y se perciben a 90 días”, afirmó un directivo.
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