Ignacio Veronesi enfrentaba un juicio por evasión de $ 9,2 millones, pero accedió al nuevo régimen público y la Justicia dictó su sobreseimiento.
Ignacio Veronesi, un empresario dedicado a negocios agropecuarios e inmobiliarios se convirtió desde ahora en el primer beneficiado por la Ley de Inocencia Fiscal en Entre Ríos, al ser sobreseído y exculpado del pago de una deuda impositiva superior a los 9 millones de pesos.
La jueza Noemí Berros, como integrante unipersonal del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, dictó el sobreseimiento de Veronesi en una causa que esperaba el juicio oral por la evasión tributaria de 9.274.986,72 pesos, un delito que podría haber llevado al empresario a la cárcel.
La magistrada no tuvo más remedio, en virtud de la recientemente sancionada Ley de Inocencia Fiscal, que eleva los montos para considerar evasor a un contribuyente hasta los mil millones de pesos y que se aplica retroactivamente.
Evasor reincidente en Entre Ríos
Veronesi, director de Aceitera Agroindustrial S.A., una empresa enfocada en la elaboración de aceites y grasas vegetales de Gualeguaychú, había sido denunciado por la ex AFIP, al igual que su padre, Antonio Veronesi (fallecido), por evasión del IVA e Impuesto a las Ganancias del ejercicio entre 2015 y 2017. La maniobra consistió en la omisión de declarar ventas de aceite de soja y la utilización de facturas apócrifas para justificar compras de soja en el circuito marginal.
Veronesi hijo, de 45 años, pertenece a una familia tradicional de la ciudad de los carnavales, con negocios diversificados en distintos rubros del agro. La nave insignia es Unión Cerealera, que fundó su padre en 1989, dedicada a la provisión de productos y servicios a la red agroalimentaria.
De aquel puntapié que dio el patriarca, y a la par de intensas disputas familiares, se desprendieron varias firmas vinculadas al complejo agropecuario: una consignataria de hacienda, un frigorífico, carnicerías, negocios inmobiliarios y una enfocada en la elaboración de aceites y grasas vegetales, entre otras.
Herencia de familia
La turbiedad en los negocios parece una marca de familia. En 2024, Ignacio fue condenado por la Justicia entrerriana a una pena de tres años de prisión condicional (de ejecución condicional) por el delito de administración infiel.
El hecho que derivó en aquella condena se remonta a 2009, cuando la empresa HAAC firmó un acuerdo con Veronesi para gestionar el manejo de 419 cabezas de ganado que la firma tenía en un campo arrendado. Los animales desaparecieron y, según los denunciantes, Veronesi violó el acuerdo y hasta vendió como si fuera propio un tractor de la compañía.
No fue una maniobra aislada, sino que el fisco detectó otras de evasión de impuestos, llegó a clausurar la planta y Veronesi está procesado en otra causa que tramita en la justicia federal por malversación de caudales.
Otros familiares escaparon de causas judiciales por evasión acogiéndose a la ley de alivio fiscal, impulsada por el gobierno anterior; y algunos enfrentan causas penales por evasión de impuestos que tramitan en distintas instancias judiciales.
Ya no hay delito
La jueza Berros dictó el sobreseimiento de Veronesi. Lo hizo tras la promulgación de la Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el gobierno de Javier Milei, y cuando el empresario esperaba la homologación judicial de un acuerdo de reparación integral del daño, una vía alternativa por la cual habría llegado al mismo resultado, pero previo pago de un resarcimiento económico al Estado.
El sobreseimiento había sido solicitado por la defensora oficial Julieta Elizalde, que asistía a Veronesi en el proceso. Dijo la defensora pública que “no se cumple con la condición objetiva de punibilidad impuesta por la reciente reforma de la Ley de Inocencia Fiscal”, a través de la cual se elevaron los montos para que pueda configurarse el delito de evasión tributaria agravada.
No tenía más opciones la jueza y tampoco tenía argumentos para oponerse la fiscal Josefina Minatta. La conducta atribuida inicialmente al empresario devino atípica y constitucionalmente corresponde aplicar retroactivamente la ley más favorable al acusado. Lo que antes era delito, ya no lo es.
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