Luego de más de una década de discusión -pero sin avances- en torno al tema, muy recurrente ante casos mediáticos de conmoción social, el Congreso dio el primer paso hacia la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para menores que cometen delitos. Después de más de ocho horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo Régimen Penal Juvenil por 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones.
La media sanción logró el aval de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, el grueso del interbloque Unidos y otros bloques provinciales. El tema fue incorporado a fines de enero por el Gobierno en el temario de sesiones extraordinarias, tras el macabro crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. La mamá del joven asesinado por un grupo de menores estuvo presente este jueves en el Congreso.
En julio de 2024, el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto de ley con la baja en la edad imputable en 13 años, que fue dictaminado el 6 mayo del 2025, pero perdió estado parlamentario tras la renovación de la cámara. Al igual que en aquella ocasión, esta semana el oficialismo logró el acompañamiento de los bloques aliados y dialoguistas para dictaminar, pero los consensos determinaron la edad en 14 años.
Asimismo, la pena máxima para un adolescente que infrinja la ley será de 15 años y no de 20, como preveía originalmente el PEN. El dictamen también aclara la asignación presupuestaria para el cumplimiento de la ley. Si bien el Poder Ejecutivo había mandado un nuevo proyecto el lunes pasado -que a las horas retiró-, la iniciativa contiene las partidas estimadas por el Gobierno: un total de $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.51 de la Defensoría General de la Nación.
A pedido de la oposición dialoguista y con el objetivo de que Nación afronte los costos que las jurisdicciones tengan para adecuar sus sistemas, el articulado reza que “la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción”.
En pocas horas, tras la media sanción de la Reforma Laboral, este es un segundo importante tema que el gobierno de Javier Milei se anotó. El proyecto será enviado rápidamente al Senado, donde intentarán que se sancione antes del 1ro. de marzo. El nuevo régimen busca reemplazar la legislación vigente, la Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad, vigente desde 1980, durante la dictadura. Uno de los últimos artículos del proyecto prevé su derogación.
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