“La modernización del Estado no puede ser sinónimo de ajuste encubierto ni de pérdida de derechos”, señalaron senadores del PJ al presentar al gobierno provincial un pedido de informes para que se esclarezcan los criterios y el alcance del cese de contratos temporarios dispuesto en el marco del Decreto N° 3817/25.
Los legisladores remarcaron que el pedido de informes tiene como objetivo central evitar decisiones discrecionales, arbitrarias o carentes de fundamentos comprobables, y garantizar que los procesos de revisión contractual se sustenten en parámetros objetivos, públicos y debidamente documentados, con el correspondiente control institucional.
La iniciativa se origina en la emisión del decreto fechado el 20 de diciembre, que autoriza la renovación de contratos temporarios del personal que se desempeña en organismos centralizados y entes descentralizados del Poder Ejecutivo, con vigencia a partir del 1° de enero de 2026. Sin embargo, la normativa excluyó a un número de trabajadores y trabajadoras que no fueron incorporados en los anexos correspondientes.
Según la versión oficial, se evaluaron parámetros vinculados al cumplimiento de tareas, desempeño laboral, compromiso con el servicio público, asistencia regular y la necesidad real del puesto en el marco de procesos de reorganización administrativa y modernización del Estado.
No obstante, desde el bloque justicialista advirtieron que no existe información pública suficiente ni detallada que permita conocer cuáles fueron los fundamentos concretos aplicados en cada caso ni quiénes son los trabajadores alcanzados, situación que ha generado incertidumbre, malestar y preocupación.
En este sentido, los legisladores señalaron que las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores del Estado provincial también manifestaron su preocupación, alertando sobre la falta de transparencia en el proceso, la ausencia de instancias formales de diálogo y el impacto social que implica la no renovación de contratos para decenas de familias entrerrianas.
Asimismo, los gremios remarcaron la necesidad de que cualquier decisión de esta naturaleza se adopte con criterios claros, información verificable y respeto por los derechos laborales.
Por tal motivo, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 117 de la Constitución Provincial, se solicitó al Poder Ejecutivo:
El listado del personal con contrato temporario vigente durante 2025 que no fue incluido en el Decreto N° 3817/25.
La explicación pormenorizada de los criterios utilizados en cada caso, con identificación del agente y de la autoridad interviniente.
Finalmente, los legisladores coincidieron con la postura gremial en la necesidad de preservar el empleo público, garantizar transparencia y fortalecer el diálogo institucional, entendiendo que un Estado eficiente debe ser también justo, previsible y socialmente responsable.
La iniciativa lleva la firma de los senadores Martín Oliva, Patricia Díaz, Claudia Silva y Juan Diego Conti.
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