El Ejecutivo recurrirá a la Cámara Federal de San Martín para revertir el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, al considerar que la decisión judicial invade facultades presupuestarias del Gobierno y pone en riesgo el equilibrio fiscal.
El Gobierno nacional confirmó este viernes que apelará el fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó poner en vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad y dejó sin efecto el artículo central del Decreto 681/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido su aplicación.
La Justicia ordena al Gobierno aplicar ya la Ley de Emergencia en Discapacidad y anula el decreto que la frenaba
Según informaron fuentes oficiales, la presentación se realizará ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que deberá revisar la decisión adoptada por el juez Adrián González Charvay. Desde el Ejecutivo sostienen que la sentencia implica una intromisión en las atribuciones propias del Poder Ejecutivo, en particular en lo referido a la administración de los recursos públicos y la elaboración del presupuesto.
En la Casa Rosada advierten además que la implementación de la ley, tal como fue ordenada por la Justicia, carece de financiamiento específico y podría afectar el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales de la política económica del Gobierno. En ese sentido, remarcan que el Congreso sancionó la norma sin establecer las fuentes de recursos necesarias para su cumplimiento.
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido aprobada por el Congreso en julio del año pasado y declara la emergencia en el sector hasta fines de 2027. Si bien el Poder Ejecutivo promulgó la iniciativa, posteriormente dictó el Decreto 681/2025, que dejó la norma en suspenso al considerar que no estaban garantizados los fondos para su ejecución.
La decisión oficial generó un fuerte reclamo de familias, organizaciones y prestadores de servicios, quienes cuestionaron la paralización de la ley. En ese contexto, dos familias presentaron un amparo judicial en representación de sus hijos, ambos con Certificado Único de Discapacidad, lo que derivó en el fallo que ahora será apelado por el Gobierno.
La definición final quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá determinar si se mantiene la aplicación inmediata de la ley o si se valida la postura del Ejecutivo respecto de la falta de financiamiento y las competencias entre poderes.
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