Cinco de los nueve diputados nacionales entrerrianos votaron a favor de la insistencia de la Emergencia en Discapacidad, rechazando de ese modo el veto presidencial a la norma. Fue este miércoles, donde por amplia mayoría (172 a 73) se decidió que la iniciativa se mantenga y sea analizada ahora por el Senado. Si la Cámara Alta toma la misma determinación, el texto quedará firme y se caerá la anulación de Javier Milei.
En cuanto a los legisladores de la provincia, no hubo mayores sorpresas: de los cinco apoyos, cuatro llegaron desde Unión por la Patria (Gustavo Bordet, Tomás Ledesma, Carolina Gaillard y Blanca Osuna) y otro desde Democracia Para Siempre, de la mano de Marcela Ántola. Los dos diputados del PRO -Nancy Ballejos, en ese bloque; y Francisco Morchio, en Encuentro Federal– votaron en contra, mientras que también actuó de esa maneral el libertario Beltrán Benedit. El radical Atilio Benedetti estuvo ausente.
Entre sus principales puntos, la Emergencia prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.
También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).
Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.
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