“La confirmación de desestimación por parte de Buenos Aires de la demanda es crucial para nuestra provincia, se desactiva el juicio más importante que hemos tenido en los últimos 50 años, que medido en pesos superaba los 3.500 millones de pesos”, sostuvo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
La Corte Suprema de la Justicia de la Nación emitió este martes una resolución en referencia a la causa Buenos Aires, Provincia de c/ Estado Nacional y otras s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos”, en la que se rectificó por desistida a la provincia de Buenos Aires del juicio conocido como Fondo del Conurbano Bonaerense y se aprobó el Consenso Fiscal firmado el 16 de noviembre de 2017.
En ese marco, Rodríguez Signes repasó acerca del Consenso Fiscal firmado en noviembre del año pasado entre las provincias: “El Pacto estableció eliminar el Fondo del Conurbano, es decir las afectaciones específicas del impuesto a las ganancias y además, eliminar determinadas asignaciones específicas. En ese mismo pacto se resolvió una cuestión de gran relevancia como lo es la asistencia de la nación a las provincias que no transfirieron las Cajas de Jubilaciones. Y para culminar esa reunión las partes firmantes se obligaban a desistir de los procesos judiciales ante la Corte Suprema, cuestión que se definió en día de ayer con la resolución mencionada anteriormente”.
Vale destacar que el documento del consenso avaló la posición jurídica sustentada por la Fiscalía de Estado de Entre Ríos. En referencia al argumento central de la provincia en la contestación de la demanda el funcionario detalló: “Tal como hicieron otras provincias, planteamos la inconstitucionalidad de las asignaciones específicas establecidas en la ley de impuesto a las ganancias, que incluye el 10 por ciento del fondo del conurbano, el dos por ciento de los Aportes del Tesoro Nacional, el cuatro por ciento del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y el 20 por ciento destinado a la Anses”.
Rodríguez Signes puso especial énfasis en el trabajo realizado por su equipo de abogados: “Los letrados de la Fiscalía de Estado, especialistas en Derecho Tributario y en Derecho Administrativo fueron los encargados de realizar mediante un trabajo minucioso, la contestación de la demanda. Es de suma importancia destacar que no recurrimos al asesoramiento, patrocinio y/o representación de ningún profesional externo a nuestro organismo, como si lo hicieron otras provincias. Por lo que el Estado no deberá abonar las costas extras correspondientes a los honorarios”. (Prensa Fiscalía de Estado)
