Por Bruno Sarubi, Diputado Provincial de Juntos por Entre Ríos.
Nuestro país tiene un problema que pocas veces se aborda, pero que repercute de forma directa en las inversiones, el mercado del trabajo y en las oportunidades que brinda. Se trata de los juicios laborales y el deficiente funcionamiento de la Justicia en la materia. Pero en Entre Ríos este problema es aún mayor.
Los datos disponibles muestran que nuestra provincia se ubica entre las que presentan mayores niveles de conflictividad laboral en relación a su actividad económica. Esta sobrerrepresentación en los tribunales laborales impacta sobre las pequeñas y medianas empresas, dificultando la generación de empleo e inversión
Por ejemplo, una demanda laboral injustificada contra una Pyme de pocos empleados puede tener consecuencias devastadoras. Si la empresa pierde el juicio laboral, el impacto económico puede ser tan grave que la obligue a cerrar sus puertas, dejando a todos sus trabajadores en la calle y destruyendo años de esfuerzo y trabajo.
Tenemos que trabajar por una justicia en equilibrio, comprensiva con los trabajadores, pero también con quienes invierten y apuestan por generar empleo en nuestra provincia. En Entre Ríos ese equilibrio está roto. Los largos procesos judiciales y la falta de una mirada que comprenda ambas perspectivas del trabajo convirtieron a nuestra provincia en un territorio de altísimo riesgo para quienes invierten y generan empleo.
Resulta impostergable aplicar las reformas pertinentes para cambiar la situación. La alta litigiosidad laboral de nuestra provincia desalienta nuevas fuentes de trabajo y perjudica a los trabajadores: más juicios laborales son menos empleos en blanco, lo que se traduce en menos derechos y beneficios.
Es fundamental que comencemos a ser plenamente transparentes sobre la realidad que enfrentamos. Este es un momento crucial en el que la verdad no puede seguir siendo ignorada ni pospuesta. La responsabilidad de este cambio recae sobre todos nosotros, desde los legisladores que crean y modifican las leyes, pasando por los jueces que las aplican, hasta los empresarios que invierten la economía, los trabajadores que son la columna vertebral de la producción y la sociedad civil que, como conjunto, debe exigir un sistema más justo y equilibrado.
Hay que dar el primer paso hacia una reforma integral, que no solo corrija las estructuras ineficientes y desajustadas, sino que también nos permita recuperar el equilibrio que perjudica a todos: empresarios y trabajadores.
Si realmente aspiramos a salir adelante, a superar los obstáculos que nos han frenado hasta ahora, no podemos seguir atados a un sistema judicial que, en vez de fomentar la productividad y la justicia, castiga a quienes se esfuerzan por generar empleo y riqueza. Un sistema que, en lugar de promover el trabajo formal y proteger los derechos de los trabajadores, crea condiciones que desmotivan y dificultan la formalización del empleo. Esto solo contribuye a perpetuar la informalidad y las desigualdades.
Entre Ríos tiene un potencial enorme. Nuestra provincia cuenta con los recursos y las capacidades necesarias para avanzar y prosperar. Para lograrlo debemos estar dispuestos a enfrentar los temas que se evitan o se postergan. Debemos abrir el debate, nación y provincia, sobre cuestiones fundamentales que, aunque suelen ser incómodas, son esenciales para poder transformar la realidad y construir un futuro mejor para todos.
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