Esas fueron las palabras usadas en el anexo de un documento oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad. Fuerte repudio al Gobierno desde varios sectores
El Gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva controversia tras la publicación de un documento oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que utiliza términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para categorizar a personas con discapacidad intelectual en función de su coeficiente intelectual (CI).
La Resolución 187/2025, firmada por el director del organismo, Diego Spagnuolo (exabogado personal del presidente), desató un amplio repudio de organizaciones de derechos humanos, especialistas en discapacidad y sectores políticos opositores, quienes la califican como un retroceso inadmisible en materia de derechos fundamentales.
El texto, que establece criterios para el acceso a pensiones no contributivas, divide a las personas en tres grupos según su CI: de 0 a 30 (“idiota”), de 30 a 50 (“imbécil”) y de 50 a 60 (“débil mental profundo”).
Además, asocia estas categorías con supuestas limitaciones funcionales, como la incapacidad para leer, manejar dinero o realizar tareas básicas. La terminología empleada no solo contradice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU —ratificada por Argentina en 2008—, sino que evoca clasificaciones médicas obsoletas, abandonadas hace más de dos décadas por su carga estigmatizante.
Un lenguaje que deshumaniza
Organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) condenaron el documento, señalando que su lenguaje refuerza estereotipos y vulnera el principio de dignidad. “Estas categorías son propias del siglo XIX, no de un Estado que debe garantizar derechos”, declaró María Verónica Reina, directora ejecutiva de Disability Rights International.
El cuestionamiento también apunta al contexto histórico: en 1997, Argentina reconoció mediante la Ley 24.901 que las barreras sociales (no las capacidades individuales) son el principal obstáculo para la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad. “La resolución ignora décadas de avances. Reduce a las personas a un número, desconociendo su autonomía y potencial”, criticó Pablo Rosales, abogado especializado en derechos humanos.
“No es un error del Gobierno”
La designación de Spagnuolo al frente de la ANDIS ya había generado escepticismo por su falta de experiencia en políticas de discapacidad. Su vinculación con Milei (a quien representó en casos judiciales antes de asumir la presidencia) alimenta críticas sobre el nepotismo y la politización de organismos técnicos.
Para la oposición, el caso no es aislado. Desde su llegada al poder, el Gobierno impulsó recortes en programas sociales y modificó normativas vinculadas a la salud y la educación inclusiva. “Esto no es un error, sino una línea ideológica que desconoce los derechos de los más vulnerables”, afirmó la diputada Claudia Ormache (Unión por la Patria).
Mientras organizaciones preparan acciones legales para impugnar la resolución, el silencio del oficialismo profundiza la crisis. La administración Milei, que suele defender sus medidas bajo el lema de “eficiencia estatal”, ahora debe responder por un documento que, lejos de modernizar el Estado, lo ancla en el pasado más oscuro.
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