“El gobierno enviará la ley de reforma para el fortalecimiento electoral, eliminar las PASO”, anunció Manuel Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada. Además, la medida buscará cambiar el sistema de financiamiento y la Ley Orgánica de partidos políticos.
Según adelantó el vocero presidencial, bajo el nombre Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, la medida “propone eliminar el régimen de Primeras Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar la Ley Orgánica de partidos políticos y modificar el sistema de financiamiento”. En ese sentido, resaltó que las PASO – hasta el momento- “han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”.
“Solo en 2023 tuvieron un costo 45.445 millones de pesos a valores, por supuesto, históricos. O sea que en en términos reales esto fue mucho más gravoso y obligaron a los argentinos a tener que ir a votar el año pasado tres veces. Además, desde su introducción, en el año 2011 hubo solo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de los cuales el 40% no logró siquiera alcanzar el umbral del 1.5% para poder después participar de las elecciones generales. Por otro lado, se va a modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos con el objetivo de mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma partidos políticos cuyo único objetivo es el recaudatorio”, agregó.
Según publicó Infobae, algunos de los requisitos que deberán cumplir para ser considerado un partido son: contar con el 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral. Antes esta cifra era del 0,4%; tener un piso mínimo del 3% de los votos en dos elecciones consecutivas; en el caso de los partidos nacionales van a tener que tener presencia en al menos diez distritos, en lugar de las cinco jurisdicciones que se requieren hoy.
Además, habría un aumento de topes de aportes privados, eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios y la eliminación del financiamiento público para las campañas. Quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales.
