El dato lo aportó el presidente de la Cooperativa de Electricidad y Afines Gualeguaychú Ltda., Nahuel Otero, durante una entrevista con programa Sexto Sentido, de Radio Costa Paraná. El cooperativista, además, cuestionó la decisión del Gobierno provincial de congelar el valor agregado de distribución a las cooperativas hasta diciembre. Se refirió, asimismo, a un fallo de la Justicia federal sobre un amparo presentado por la cooperativa eléctrica de Villa Gesell.
La Cámara Federal de Mar del Plata revocó un fallo del Juzgado Federal de Dolores que había extendido un amparo individual que beneficiaba inicialmente a la Cooperativa Eléctrica de Villa Gesell. De este modo, Villa Gesell y otras cooperativas bonaerenses deberán pagar $160.000 millones adeudados a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa).
La Cooperativa Eléctrica de Villa Gesell (Cevige) –junto a cooperativas de Azul, Tres Arroyos, Las Flores y Puerto Madryn– había presentado un amparo judicial colectivo con el objetivo de eximirse del pago de la energía que recibían de Cammesa. El recurso judicial había sido admitido por el Juzgado Federal de Dolores, que en marzo emitió una resolución favorable a las cooperativas, permitiéndoles suspender los pagos de la deuda.
La cooperativa Villa Gesell, explicó el presidente de la Cooperativa de Electricidad y Afines Gualeguaychú Ltda., Nahuel Otero, “había presentado una medida cautelar ante el embargo de cuentas que había solicitado Cammesa por deudas que tenía esa cooperativa con el mercado eléctrico mayorista”.
“Las notas periodísticas hablan de un fraude de las cooperativas, pero lo que hizo el Consejo de Administración la cooperativa de Villa Gesell fue decir es decir ‘el gobierno no me está dando el valor agregado de distribución que yo necesito, no puedo hacer frente a la situación financiera que atraviesa la institución’, y todo Consejo de Administración, esto se tiene que saber, respondemos con nuestros bienes frente a la gestión que llevamos adelante de la institución”, agregó Otero durante una entrevista con el programa Sexto Sentido, que conducen Jorge Ballay y Pablo Lescano por Radio Costa Paraná 88.1).
Entonces, “dentro del mazo de cartas de posibilidades de actuar está justamente el presentar una medida cautelar y decirle ‘no me estás pagando como me corresponde, no me estás dando la tarifa que me corresponde, encima me embargás las cuentas, yo puedo actuar con una medida cautelar’. No estoy justificando lo que hizo Villa Gesell pero está dentro del mazo de cartas”, aclaró, y añadió: “Esto se va a transformar en un fraude si el Consejo de Administración de la cooperativa de Villa Gesell no hizo el resguardo correspondiente del dinero y ahora que la Justicia le obliga a pagar, si paga, no hay fraude de ningún tipo. Porque lo que se ha hecho es usar un instrumento legal intentando levantar las alertas de que falta el valor agregado de distribución dentro de las distribuidoras”
¿Qué pasa en Entre Ríos?
En Entre Ríos, precisó Otero, las dos cooperativas que compran en el mercado eléctrico mayorista –Concordia y Gualeguaychú– fueron por un proceso de negociación. “Yo recibí el llamado de la gente de Concordia, de este mismo estudio jurídico, animándonos a presentarnos en la medida cautelar. Pero estas son decisiones que se tomaron dentro de la Federación Argentina de Cooperativas y que tomó cada consejo en particular de ingresar o no”.
Concordia y Gualeguaychú eligieron el camino de negociación que se dio en conjunto con la Federación Argentina de Cooperativas, en donde “venimos pagando la factura corriente al día con un gran esfuerzo porque está cortada la cadena de pagos, no hay recaudación, los usuarios no pueden hacer frente a los incrementos tarifarios, esta es una realidad”, remarcó.
Mientras tanto, “estamos esperando una nueva renegociación de las deudas que nosotros tenemos con el mercado eléctrico mayorista en enero de 2025 y esto es el acuerdo al que se ha llegado con la Secretaría de Energía a nivel nacional y con Cammesa. En el caso de mi cooperativa, debemos únicamente una sola factura, que es la factura de junio, después estamos al día, no estamos en una situación muy compleja, pero sí se hace más difícil el poder recaudar el dinero de nuestros usuarios para pagar la factura de compra”.
– ¿Hay mucha morosidad?
– Se ha incrementado un montón y hay muchas solicitudes de planes de refinanciación. Nosotros, en Gualeguaychú, tenemos prácticamente tres facturas de Cammesa en la calle, intentando por todos los medios tratar de cobrarlas. Cada factura de Gualeguaychú, de compra de energía de Gualeguaychú, son de 1.600, 1.800 millones, o sea que estamos hablando prácticamente de 4.500 millones que tenemos en la calle, con un esfuerzo enorme de intentar cobrar y de que la gente no se quede fuera del sistema.
Los gobiernos siguen tomando decisiones políticas sobre tarifas que tienen que ser técnicas. Lamentablemente nuestro Gobernador, la semana pasada, anunció nuevamente un freno en el valor agregado de distribución y les vuelve a congelar el valor agregado de distribución a las cooperativas hasta diciembre.
Esto provoca un daño enorme. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás hablamos de la auditoría que nos hizo el EPRE? Bueno, hace poquitos días recibo la notificación final de esa auditoría, donde el mismo EPRE sostiene que los problemas financieros que tiene la institución son debido a la falta de valor agregado de distribución, y a los dos o tres días, el gobernador de nuestra provincia congela justamente el valor agregado de distribución de todas las distribuidoras.
Para que se entienda bien. El mercado eléctrico funciona de la siguiente manera: el Gobierno nacional dice a cuánto comprar la energía a través de Cammesa, y el Gobierno provincial dice a cuánto vender a través del EPRE. En ese interín está la ganancia de las cooperativas, que a nosotros nos tienen que permitir incrementar el porcentaje para poder hacer frente a los costos del servicio.
– ¿Tiene algún impacto en ustedes que en la factura no haya cargos adicionales del municipio?
– En Entre Ríos únicamente lo que se carga dentro de las facturas es el porcentaje que se establece por ordenanza, referido justamente al alumbrado público.
Es un sistema que funciona súper bien, donde nosotros somos agentes recaudadores, cobramos esa tasa de alumbrado público, nos cobramos el alumbrado público que consuman las ciudades, y las diferencias si sobran se le deposita al municipio. Acá es romper con este sistema que funciona. Para las distribuidoras es generar un nuevo gran deudor, porque el Estado no es un buen recaudador.
En una situación de crisis, ¿qué se hace? Si no me alcanza el dinero, dejo de pagar las tasas y los impuestos. Entonces, al municipio, a su vez, se le obliga a crear una nueva tasa, porque el alumbrado público alguien lo tiene que pagar. O lo van a incluir a las TGI, o van a tener que crear una tasa de alumbrado público. La verdad que es una resolución totalmente agarrada de los pelos.
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