Numerosas organizaciones difundieron un documento para cuestionar una resolución provincial que permite la caza de cinco especies de aves.
A través de una carta abierta difundida este viernes, 31 organizaciones socioambientales de Entre Ríos y otras provincias repudiaron la decisión del gobierno entrerriano de habilitar la temporada de caza de cinco especies de aves nativas, cuatro de ellas migratorias, por medio de la Resolución Nº 888 de la Dirección de Recursos Naturales.
Se trata del pato picazo, el pato sirirí pampa, el pato sirirí colorado, el pato barcino y el inambú común –además de la liebre– exclusivamente en establecimientos dedicados al turismo cinegético (cotos de caza).
Las instituciones firmantes del documento expresaron que la medida beneficia enormemente a los cotos de caza y “está basada en estudios solicitados por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (CATCyC), la principal promotora de la caza en el país; lo que implica al menos un sesgo en el origen de la información en la que se apoya la medida”.
“La caza no es turismo, no es deporte y nos rehusamos a que sea lo que Entre Ríos ofrezca al mundo como producto turístico”, aseguraron. “Entendemos que el gobierno de Entre Ríos desconoce deliberadamente el reclamo de la gran mayoría de la sociedad que pide a gritos se termine con esta práctica cruel y violenta que atenta contra el patrimonio natural y cultural de los entrerrianos”, agregaron.
“La polémica medida ve la luz en medio de duros reclamos y cuestionamientos desde distintos sectores de la sociedad al gobierno de Gustavo Bordet –a quien se le viene exigiendo la suspensión de la cacería de especies autóctonas– y luego de un 2022 en la que una resolución similar de su gobierno –que habilitaba también la matanza de autóctonas– fue no solo anulada por la justicia provincial sino además declarada inconstitucional”, recodaron organizaciones como la Fundación Azara, la Fundación Cullunche, la Red Argentina contra el Tráfico de Fauna (RACTES) y COENDÚ de Uruguay.
Asimismo, denunciaron que el gobierno prioriza los intereses económicos de las empresas de turismo cinegético por encima de los intereses colectivos de la sociedad y de la preservación de la fauna silvestre. “Las empresas cinegéticas son las grandes favorecidas por esta resolución y se enriquecen a costa de destruir nuestra biodiversidad y de contaminar con el plomo de las municiones (material altamente tóxico y cancerígeno) nuestros humedales y demás ambientes naturales”, sostuvieron. (unoer)
