La Corte se reunió de urgencia y prepara una respuesta para la semana que viene. Piumato anunció un paro.
El Poder Judicial rechazó en bloque la iniciativa del Gobierno para que los judiciales paguen Ganancias y prevén un conflicto entre los tres poderes del Estado.
La Corte Suprema se reunió de urgencia luego de que el oficialismo incorporara en el Presupuesto 2023 un artículo que obliga a los jueces a pagar Ganancias. El Máximo Tribunal estuvo en diálogo permanente durante todo el día con todos los sectores, e incluso se especula con una respuesta para la semana que viene, aunque se descarta que la respuesta final será un fallo por inconstitucionalidad.
En un clima de preguerra del Poder Judicial con el Gobierno, los magistrados salieron al unísono a cuestionar la iniciativa del Frente de Todos.
La Asociación de Jueces y Juezas Federales de Argentina (Ajufe) emitió un comunicado en el que asegura que la reforma propuesta por el Ejecutivo está “en oposición a la Constitución Nacional y a los instrumentos diseñados para asegurar la independencia judicial”.
La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina también emitió un comunicado en el que tacha de inconstitucional el artículo que busca imponer el oficialismo.
El líder la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), Julio Piumato, anunció un paro nacional para el martes 25, ya que el artículo incluye a todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial.
Como explicó LPO, el presupuesto 2023 destina el 70% de lo recaudado a becas educativas y al incentivo docente y el 30 restante a “un programa específico para combatir la inseguridad en Rosario”. El dictamen conocido este viernes incorpora las modificaciones definidas en la comisión de presupuesto. No se incluyó el aporte del 15% de los planes especiales de salud para el Fondo Solidario de distribución, aunque sí se borra el artículo que los eximía de pagarlo.
Pero más allá de la justificación que hace el Gobierno, la lectura que hacen en el Poder Judicial es que el proyecto es parte de la embestida del kirchnerismo contra la Justicia porque se avecinan condenas contra Cristina Kirchner. De hecho estiman que antes de fin de año saldrá la de Hotesur. “No llamaron a nadie”, dijeron a LPO en la Justicia.
En ese sentido creen que el Gobierno buscó el conflicto de poderes porque saben que este proyecto se va a judicializar y trabar, pero el objetivo es estigmatizar a los jueces para cuando salga el fallo contra Cristina acusarlos de tomar venganza por forzarlos a pagar un impuesto que el resto de la sociedad tiene que pagar.
Además desmintieron al diputado oficialista Marcelo Casaretto, que dijo que se recaudarían 237 mil millones de pesos en el año que viene cobrándole impuestos a los jueces federales. En el Poder Judicial dicen que los jueces federales pagarían 11 mil millones de pesos y que todo el resto recaería en empleados y funcionarios judiciales. (lpo)
