La Cámara de Senadores dio media sanción a un polémico proyecto que arancela la salud pública provincial y establece la obligatoriedad del cobro por parte de los establecimientos asistenciales dependientes del ministerio de Salud de la provincia -efectores- de los servicios brindados a beneficiarios de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepagas, seguros de accidentes, Administradoras de Riesgos de Trabajo (ART) u otras similares. La iniciativa pasó a Diputados para su revisión.
En la sesión de este miércoles la Cámara Alta aprobó el arancelamiento y recupero del sistema público provincial -una iniciativa de los senadores Horacio Amavet y Jorge Maradey- que establece en el territorio de la provincia “la obligatoriedad del cobro por parte de los efectores públicos de los servicios brindados a beneficiarios”.
“Este proyecto mejora el servicio de asistencia sanitaria del sistema público y recupera parte de la inversión que hace el Estado en la salud pública”, dijo el senador de Gualeguaychú, Jorge Maradey, registró esta Agencia, quien aclaró que el proyecto “procura desarrollar una administración eficiente de los recursos económicos para que se vuelquen al sostenimiento y necesidades concretas de hospitales y centros de salud”.
En ese marco, remarcó que la iniciativa “de ninguna manera afectará la gratuidad del sistema público de salud, un principio general que tanto nos enorgullece como pueblo argentino”, sino que con la Legislación “se jerarquiza el derecho a la salud de la población más necesitada de la provincia sin, por ello, renunciar a la gratuidad y universalidad de la asistencia médica sino que alcanza a quienes cuentas con la cobertura de obra social y a quienes tienen recursos económicos para enfrentar los costos”.
En ese marco, la polémica iniciativa fija que las “personas que concurran a los efectores públicos de la provincia que no tuvieren cobertura social pero posean recursos suficientes para cubrir los costos resultantes de la atención brindada en el efector, serán atendidas debiendo oblar, al momento de su externación, los aranceles correspondientes”, por lo que los efectores públicos “deberán verificar la situación socioeconómica de cada persona beneficiaria del sistema, sin perjuicio de la atención brindada que deberá ser inmediata y no podrá estar condicionada en ningún caso, a la finalización de la evaluación requerida”.
En ese sentido, se dispone la creación del Sistema Informático de Gestión y Control de Recupero Hospitalario (Sigcrh) que “funcionará en el ámbito de la subsecretaría de Administración del ministerio de Salud de la Provincia, o el organismo que en un futuro lo reemplace”, que deberá sistematizar la identificación de las personas con cobertura; garantizar la actualización periódica de los nomencladores; facturar los servicios asistenciales brindados por cada efector público; incorporar los convenios especiales; generar informes semestrales del proceso de gestión, apuntó esta Agencia. (aim)
